Pensiones y sueldos públicos: el IPC se come los próximos Presupuestos

LA INFLACIÓN LAMINA LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS/ LA SUBIDA DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN Y DE LOS SALARIOS AHOGA LOS MÁRGENES EMPRESARIALES Y EL INCREMENTO DE LOS INTERESES CERCENA SUS INVERSIONES.

Los próximos Presupuestos Generales del Estado todavía no han comenzado a negociarse y ya cuentan con una limitación muy importante: la inflación y los incrementos del gasto derivados de ella se han comido con creces todo el margen con el que el Gobierno contaba para sentarse a la mesa con sus socios. En concreto, el compromiso de revalorizar las pensiones con el IPC, así como las posibles subidas de sueldos, supondrán un notable aumento de los gastos públicos, a lo que hay que sumar el sobrecoste de la deuda pública derivada de la inflación. Y la situación tampoco es mejor para las empresas, ya que la inflación eleva la conflictividad social en pos de reivindicaciones salariales, provoca una merma de la competitividad y la subida de los costes financieros, además de la paralización de nuevas inversiones.

● Subida de pensiones.

El Banco de España calculó hace dos meses que revalorizar las pensiones con el IPC costaría cerca de 12.600 millones de euros al año, pero estas cifras ya se han quedado obsoletas, a tenor de la aceleración de los precios, y podrían superar los 15.000 millones de euros. Con ello, el incremento de las pensiones se comería por completo el margen que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que el Ejecutivo tiene para incrementar el gasto corriente el próximo ejercicio sin incumplir las recomendaciones de la Comisión Europea.

● Mejora de sueldos públicos.

Aunque el Ejecutivo no se ha comprometido a subir los salarios de los empleados de la Administración en línea con el IPC, las centrales sindicales ya están planteando importantes reivindicaciones salariales. En ese sentido, un alza del 4%, la mitad del IPC que se espera para el conjunto del año en promedio, ya supondría una subida del gasto público de 6.000 millones de euros.

● Aumento del coste de la deuda.

Aunque los tipos de la deuda pública no están ligados directamente a los precios, sí están muy condicionados por la inflación y la respuesta del Banco

Central Europeo. Y, pese a que en un principio el alza de los precios ha servido para elevar la recaudación fiscal, la situación podría complicarse en breve, ya que el coste de las nuevas emisiones de deuda a 10 años ya roza el 3% anual, seis veces más que a principios de año y, aunque el alargamiento de los plazos de vencimiento ha reducido la vulnerabilidad de la deuda nacional, las emisiones pendientes hasta final de año pueden suponer un sobrecoste de 5.500 millones al año en los próximos ejercicios.

● Pérdida de competitividad.

La receta del Gobierno para reducir el déficit pasaba hace unos meses por una mayor carga fiscal para las empresas, pero lo cierto es que la mayoría de ellas no se han visto beneficiadas por las subidas de precios, al contrario, dado que el incremento de sus costes de producción (energía, materias primas suministros) ha sido bastante mayor que el de sus precios de venta, lo que redunda en un estrechamiento de sus márgenes. De hecho, a lo largo de los últimos tres años las empresas españolas han perdido un 4,5% de competitividad frente al exterior, de acuerdo con el Banco de España.

● Además, otro elemento que amenaza a las empresas es la conflictividad social y las subidas salariales.

Solo en los tres primeros meses del año se han perdido tantas jornadas de trabajo por huelgas como en la suma de los tres años anteriores. Aunque por el momento el incremento de los salarios pactados en convenio no es muy intenso (un 2,6%), este incremento no es nada homogéneo, hasta el punto de que uno de cada cinco trabajadores disfrutan de incrementos del 5,4% que quedan muy lejos del IPC pero que elevan los costes de las empresas, provocando la aparición de efectos de segunda ronda que agravan la espiral inflacionista.

● Paralización de inversiones.

Finalmente, la respuesta del BCE a la inflación también conlleva un incremento de los tipos de la deuda corporativa. Según el Banco de España, la carga financiera de las sociedades no financieras se podría incrementar del 7% de su excedente bruto de explotación este año al 12% el próximo ejercicio lo que, unido a la caída de los márgenes de beneficios (España, además, es el país europeo donde más se han resentido los márgenes empresariales desde el estallido de la pandemia), está llevando a muchas empresas a paralizar sus inversiones para evitar quedar atrapados en una deuda inasumible.

La carga financiera del Tesoro se podría elevar en 5.500 millones al año por el alza de tipos de interés