La economía europea se deteriora
Nos encontramos en una encrucijada histórica. Tras los elevados niveles de gasto público alcanzados durante la pandemia, toca ahora ir retirando progresivamente los estímulos fiscales. También porque son inflacionarios: aumentan la demanda y, con ello, los precios. Dicho de otro modo, para corregir los elevados niveles de inflación, hay que reducir la demanda agregada. Y si los gobiernos no hacen su parte (reduciendo el gasto público, los déficits y la deuda), los bancos centrales tendrán una posición complicada, ya que deberán aplicar políticas monetarias restrictivas para reducir la inflación. El resultado será una desaceleración en el crecimiento económico, aumento en el desempleo y reducción del bienestar de los ciudadanos. Europa se enfrenta a una crisis marcada por la subida de los precios de las materias primas (sobre todo alimentos y energía), el desabastecimiento de semiconductores y la ralentización de las cadenas de suministros provocada, en parte, por la falta de barcos y contenedores. El origen de esta crisis no sólo está en la invasión rusa a Ucrania, con sus consecuencias políticas y económicas, sino que también se debe al incremento desorbitado de la masa monetaria por parte de los bancos centrales durante la pandemia y al continuo cierre de fábricas en China. Un conjunto de problemas que ha generado una espiral inflacionaria en todo el mundo, y que en la zona euro alcanzó en junio el 8,6% interanual, la más alta de su historia. Con el objetivo de frenar la inflación, el BCE ya ha comenzado a movilizarse. Ha dejado de comprar deuda pública y ha anunciado un incremento del tipo de interés de intervención desde el 0% al 0,25% en este mes de julio, y otro aumento en septiembre, que puede llegar al 0,5%. Una senda de subidas que podría alcanzar el 2% en 2023.
Christine Lagarde, la presidenta del BCE, ha señalado que “irá tan lejos como sea preciso” para combatir la inflación y estabilizarla en el 2%. Esto causará una ralentización de la economía de la zona euro, con un aumento del desempleo que por ahora es muy bajo, en torno al 6,6% de la población activa. Precisamente la curva de Phillips tradicional muestra una relación inversamente proporcional entre la tasa de desempleo y la inflación. Si ahora el objetivo es reducir la inflación, la curva refleja que el nivel de desempleo aumentará.
Como consecuencia de la crisis que se avecina, también está bajando la Confianza Económica en la eurozona. La encuesta de la Comisión Europea mostró que este indicador se redujo desde 105 puntos en mayo a 104 en junio, su nivel más bajo en 15 meses. Un dato que refleja el deterioro de la moral de los consumidores.
Durante la pandemia los gobiernos de la eurozona y el BCE optaron por aplicar políticas keynesianas, en concreto políticas fiscales y monetarias expansivas. Esto se tradujo en un incremento del gasto y de la cantidad de dinero para impulsar la demanda, con el fin de dinamizar la economía. Los frutos de esas políticas los estamos recogiendo ahora: una inflación desbocada. Además, esa política fiscal expansiva ha traído consigo un empeoramiento de las finanzas del Estado.
Al igual que en Europa, en España se precisa un mayor equilibrio de las cuentas públicas. La creación de empleo y la estabilidad de precios sólo son posibles a través de políticas monetarias y fiscales menos expansivas y de reformas estructurales que mejoren la competitividad. De ahí que la Comisión esté pidiendo a España que el gasto público corriente no siga aumentando. Eso quiere decir que, a la hora de elaborar los Presupuestos de 2023, el Gobierno deberá seguir las recomendaciones de la Comisión y reducir drásticamente el déficit público.
Sin embargo, en España, desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018, el número de empleados públicos no ha dejado de crecer. En tan solo cuatro años, la cifra ha crecido en 363.000 personas alcanzando los 3,5 millones. A lo que hay que sumar las 44.788 plazas de empleo público aprobadas en junio, la mayor de la historia. Este repunte en la plantilla de las Administraciones genera un incremento desorbitado del gasto público. Si éste no se frenara, Bruselas nos impondría unos recortes tales que obligarían a hacer un drástico ajuste laboral en el sector público. ¿Se ha valorado este riesgo al aprobar una oferta de empleo pública de ese calibre?
Unos presupuestos que vendrán lastrados también por haber indexado las pensiones con el IPC. Ello supondrá un aumento en 2023 del gasto en pensiones de 13.000 millones de euros. Hay que ir al fondo del problema y vincular las pensiones (y también la edad de jubilación) a la esperanza de vida, la evolución de las cotizaciones y la de la población ocupada. Está en juego la viabilidad del sistema de pensiones y el futuro del bienestar de los jubilados.
Controlar la inflación es muy importante para el crecimiento, pues refuerza la competitividad de las empresas y aumenta el crecimiento, así como el empleo a través de las exportaciones. Desgraciadamente, desde abril del año pasado, la inflación española está siendo superior a la media de la eurozona, con una pérdida continua de competitividad. En consecuencia, este diferencial de inflación ha venido acompañado de fuertes saldos negativos en la balanza comercial.
De ahí que en España se están revisando a la baja las proyecciones, lo que puede anunciar una nueva crisis. Indicadores recientemente publicados parecen confirmar que la economía española sigue debilitándose. El Índice del Comercio Minorista de mayo con respecto a abril se quedó estancado. También la industria sigue mostrando un elevado nivel de estancamiento. El índice de gestores de compra del sector manufacturero descendió desde 53,8 en de mayo a 52,6 puntos en junio. Ayer se publicó el Índice de Producción Industrial. La industria se contrajo un -0,2% en el mes de mayo con respecto a abril.
También las caídas de Bolsas y mercados de deuda parecen estar anticipando una reducción del crecimiento de la actividad con más paro y más inflación de lo previsto. Para salir de esta situación de crisis que se avecina, lo que España y Europa necesitan son reformas estructurales: políticas de oferta que intensifiquen los esfuerzos para elevar la productividad a través de buenas prácticas, como la extensión de las tecnologías de la información, la inversión en I+D+i y en capital humano, la mejora del funcionamiento de los mercados de productos y servicios y el redimensionamiento del sector público para reducir el gasto corriente innecesario. Ello debería conducir a aumentar la inversión pública y privada para impulsar el empleo y el crecimiento económico. Todavía estamos a tiempo de introducir correcciones. Si nos retrasamos las consecuencias serán más dolorosas.
Autor de “Cuando los votantes pierden la paciencia”.