Sánchez repudia la Transición por un puñado de votos

Por un puñado de votos. Por cuatro miserables votos de EH Bildu, Pedro Sánchez ha abierto la puerta a que una comisión de expertos pueda juzgar cinco años de una Transición modélica que consiguió recuperar la democracia en España, cerrando las heridas de un golpe de Estado, una guerra civil y una larga dictadura. Los escaños de Iñaki Ruiz de Pinedo, Oskar Matute, Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu, que representaron 259.647 papeletas en las elecciones de abril de 2019, ayudarán al PSOE a aprobar sus propuestas en el Parlamento, pero han servido ya para descoser algunas de las heridas sanadas por el consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas en 1978.

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó a principios de semana el dictamen del proyecto de Ley de Memoria Democrática, que llevaba largos meses en el congelador, pero que ha recibido el visto bueno definitivo cuando los socialistas han aceptado las exigencias de EH Bildu: incluir una disposición adicional que establece la creación de una comisión técnica de expertos que analice la posibilidad de reconocer y reparar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos entre diciembre de 1978 y diciembre de 1983.

¿Por qué no añadir otra disposición adicional sobre los crímenes de ETA?, se preguntan muchos políticos que protagonizaron la Transición y sufrieron los “años de plomo”, en los que la banda terrorista asesinaba a un centenar de personas cada año. 341 asesinados entre 1976 y 1980, mientras que desde la derecha de Manuel Fraga, que provenía del franquismo, hasta los comunistas de Santiago Carrillo consensuaban una vía hacia la democracia.

Los etarras mataban sin piedad hasta convertirse en una organización criminal y una forma de vida que segó la vida de 900 españoles (más de 300 siguen sin esclarecerse). Y ahora, sus herederos quieren incluir como sospechosos a los gobiernos, de UCD y del PSOE, que tuvieron que presidir los entierros de las víctimas de los terroristas mientras avanzaban hacia una democracia plena como la que vivimos ahora. Además, la aprobación de la Ley coincide en el tiempo con el 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara tras más de quinientos días secuestrado por ETA y del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

El proyecto de Ley era polémico antes de la disposición adicional dictada por los independentistas vascos (a los que Nicolás Redondo Terreros ha calificado de “albaceas de nuestra historia”), pero no hubiera levantado la polvareda que ha hecho si Sánchez no hubiera cedido a la posibilidad de juzgar a Felipe González, que ganó las elecciones en noviembre de 1982 y encadenó 13 años de Gobierno. Unos años en los que se desarrolló la modernización de nuestro país, mientras ETA seguía matando inocentes. La Ley incluye 1983 en la etapa sospechosa de atacar los derechos humanos.

Es verdad que la exposición de motivos del texto legal y sus 65 artículos ponen en valor lo conseguido durante la Transición, incluida la Ley de Amnistía de 1977 (por la que salieron de la cárcel uno buen número de etarras, junto a represaliados políticos por el régimen franquista) y, por supuesto, la Constitución de 1978, aprobada en referéndum por una mayoría aplastante en toda España. Pero no es menos cierto que la disposición adicional incluida a última hora desvirtúa todo lo anterior.

Tres de los cuatro presidentes del Gobierno vivos de nuestro periodo democrático han criticado ya el proyecto de Ley. Tan sólo José Luis Rodríguez Zapatero, que propició la primera Ley de Memoria Histórica, ha aplaudido el pacto entre el PSOE y EH Bildu. Felipe González, aunque explicó que no había leído el texto, afirmó que “no me suena bien” y añadió que con Bildu no iría a ninguna parte.

José María Aznar, el primer presidente del Gobierno del PP, calificó el texto de “disparate”, por el contenido y por “haber sido pactado por terroristas”. Y Mariano Rajoy declaró ayer mismo que “ETA fue contra la Transición y la Constitución y resulta triste y lamentable que el Gobierno haya caído en ese pacto con Bildu”. Recordó que durante la Transición, la banda terrorista atentó “con más saña” y es la etapa “en la que más personas murieron o se vieron privadas de sus derechos y libertades”.

Se equivoca gravemente Pedro Sánchez con ese y otros pactos firmados con EH Bildu. Desde la formación independentista llevan dos años y medio frotándose las manos ante las cesiones del llamado Gobierno de coalición progresista a cambio de apoyos para sus leyes. Arnaldo Otegui, coordinador general de EH Bildu (y etarra juzgado, condenado y encarcelado por varios crímenes), no se ha cortado en los últimos meses en explicar que les interesa un ejecutivo débil que necesite sus votos a cambio de sus exigencias.

Entre sus declaraciones, destaca ésta: “Si no tuviéramos 200 presos dentro, no actuaríamos así ni por el forro; pero los tenemos y para sacarlos habrá que votar a favor de los presupuestos”. Cuatro escaños que representan a 259.647 votos han conseguido retorcer el brazo del líder socialista demasiadas veces en lo que va de legislatura.

Pero lo más llamativo es que el presidente del Gobierno no se dé cuenta de que las cesiones ante EH Bildu o ante los independentistas catalanes pueden mantenerle en La Moncloa hasta el final de la legislatura, pero suponen el fin de su carrera política. La fuerte caída de votos socialistas en todas las elecciones celebradas en los dos últimos años (salvo las catalanas), se deben, además de la mala gestión de las crisis, a esos pactos espúrios que no convencen a los votantes socialistas. Alguien debería decírselo en Ferraz.

Los cuatro escaños de Bildu han conseguido retorcer el brazo de Sánchez demasiadas veces