Los expertos reclaman un pacto de rentas muy ambicioso
El Consejero General de Economistas y la Fundación Fedea afirmaron ayer con rotundidad que “es indispensable” que haya un pacto de rentas para frenar la escalada de la inflación. En junio, el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual fue del 10,2%. Los expertos reclamaron que en ese pacto de rentas el Gobierno, la patronal, los sindicatos y los partidos políticos deberían negociar las siguientes cuestiones: los salarios de las empresas privadas, de los empleados públicos, las pensiones, los beneficios empresariales y hasta los alquileres de los pisos y locales.
El director de Fedea, Ángel de la Fuente, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y el consejero de esta institución, Jordi Alberich, coincidieron en resaltar “que la situación actual [por la escalada de los precios] es de una extrema gravedad. Hasta el punto de que debería forzarse a negociar al Gobierno y a los agentes sociales”. Incluso, compararon las circunstancias actuales con las que vivió España, a finales de la década de los 70, cuando se firmaron los Pactos de La Moncloa. Hay que recordar que entonces, la inflación era del 26%.
En todo caso, los expertos abogaron por la moderación de los salarios, la reinversión de los beneficios para mantener el empleo y la productividad, y la desvinculación de todas las pensiones de la inflación, salvo las mínimas.
En este sentido, los economistas, que están representados en Fedea y en el Consejo General, abogaron por circunscribir las medidas de protección a los ciudadanos en riesgo de exclusión y a los sectores productivos más perjudicados por la subida de los precios con ayudas directas en forma de transferencias y sin condiciones. También recomendaron deflactar la escala de gravamen del IRPF, para compensar a los ciudadanos por la subida de la inflación. Los expertos rechazaron la creación de los nuevos impuestos a la banca y a las grandes compañías energéticas durante dos años, que anunció el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Ahuyentan al inversor, porque rompen la seguridad jurídica”.