La odisea regulatoria de la pyme
No es un espejismo, sino una lamentable realidad, el sometimiento a las empresas pymes en España a todo un complejo sistema de regulaciones que priman los sobre cargos y penalizaciones, sobre cualquier otro elemento que suponga un incentivo para su desarrollo como motor de la economía de un país. Un ejemplo de regulación que se basa en el crecimiento de las empresas al alcanzar un determinado número de trabajadores (más de 50), activos o facturación, supone que la combinación en general de dos de dichos parámetros supondrá una carga que obligará a la pyme a tener un comité de empresa y, por tanto, a fomentar la sindicalización de la empresa que en España siempre ha sido menos profesional, y más un instrumento ideológico.
Así mismo, estas regulaciones exigirán formular cuentas anuales más complejas; obligarán a realizar auditorías, sean financieras o de otros tipos; declaraciones fiscales mensuales, y la intrusión de un sistema de conexión directa con la AEAT; además de obligaciones en términos de protección de datos, seguridad e higiene en el trabajo, formularios más complejos para ayudas o subvenciones (que hacen más difícil su gestión), y un sinfín de obligaciones formales a los que habrá que destinar más recursos humanos y materiales con un coste que repercutirá en la empresa para cumplir con las mismas.
Y, como mencionaba, si no fuera suficiente con la fiscalidad, regulación que incrementa los costes o desincentiva el crecimiento, hay que añadir la intervención continua en la gestión de los recursos de las pymes, que comparativamente son mucho más intensas proporcionalmente respeto a las grandes empresas. La protección obtenida en los mercados regulados por parte de las grandes empresas repercute negativamente en las pymes, al incrementarle sus costes de telecomunicaciones, servicios financieros, seguros, transporte, logística, y un largo etc., que soportarán directamente en sus facturas, o indirectamente, porque al final les serán repercutidos por el proveedor gran empresa de servicios que ostente el monopolio, duopolio u oligopolio, contribuyendo a una menor competitividad para las propias pymes.
Al final, este incremento de obligaciones formales de todo tipo, fruto del excesivo celo regulatorio, y en muchos casos de innecesarias normas para el funcionamiento de las empresas, se traduce en un mero, pero necesario, trámite para el mantenimiento del status quo de los reguladores políticos y empleados públicos. A todo esto, hay que sumar la adicional, y no por ello menos exagerada, fiscalidad sobre el trabajo vía cotizaciones a la Seguridad Social y otros tributos, que incrementan los costes mucho más proporcionalmente para las pymes. Ya que no es lo mismo una pyme con 50 o 100 trabajadores, sometida a una regulación que le obliga a cumplir innumerables obligaciones formales, que hacerlo con una gran empresa o grupo de 500, 1.000, o 5.000 trabajadores, ya que las obligaciones formales por regulación serán muy similares pero el porcentaje de los costes sobre el total por los recursos destinados, internos o externos, para su cumplimiento será mucho mayor en la pyme.
No basta con decir que así es también en muchos otros países de la UE, que casualmente no coincide con aquellos que tienen un mayor crecimiento desde las últimas décadas con respecto a los del Sur de Europa; siendo éstos por el contrario los que han ido perdiendo competitividad y riqueza, frente a los centroeuropeos, países bajos o escandinavos. Los países del centro y norte de Europa hace décadas que iniciaron un proceso de bajada fiscal y minoración de cargas regulatorias, porque no se justificaba que muchas de estas políticas, aun teniendo su origen en una UE burócrata en cuanto a sus medidas, dejaban un amplio margen nacional que permitía, y mucho, mitigar sus efectos sobre las economías nacionales.
Por otro lado, sería conveniente una profunda revisión de las estadísticas que estudian el fenómeno de la productividad, la implantación de la tecnología, la innovación y otros factores que suelen afectar a las pymes, ya que a éstas les atribuyen un claro retraso en su adaptación, lo que les supone unos peores resultados económicos. Estas medidas estadísticas no se corresponden a una realidad tangible, ya que en muchos de estos casos se vuelven a utilizar estadísticas (otra obligación formal impuesta a la pyme, que le exige cumplimentar formularios incomprensibles y extensos) que, o no están de verdad actualizadas a la economía real del Siglo XXI, o sólo están pensadas para las grandes empresas, que sirven para favorecer los resultados de las estadísticas.
Creo que, con una perspectiva más amplia, se entenderá mejor el comportamiento de la pyme europea, a pesar de ser en todos los países el motor de la riqueza, empleo, innovación, internacionalización, productividad, flexibilidad y competitividad.
Socio director de Quabbala, abogados y economista
La fiscalidad del trabajo incrementa más los costes proporcionalmente para las pymes