Un acuerdo recaudatorio con los autónomos
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha llegado a un acuerdo con las organizaciones de autónomos, después de 19 meses de negociación, con sus interrupciones. La reforma de la cotización de este colectivo profesional y laboral, en el que hay 3,3 millones de personas, es uno de los problemas de trasantaño que hay que resolver para reducir los desequilibrios de la Seguridad Social.
No puede ser que el 85% de los pequeños empresarios y trabajadores coticen por la base mínima, independientemente de lo que ingresen. Es decir, por una base que este año es de 960 euros al mes, que con la correspondiente aplicación del tipo se queda en 294 euros. Tanto si es el dueño de un bar, un pequeño comercio o un taller, como si es un directivo de una gran empresa o un profesional liberal con importantes ingresos. El actual régimen de cotización de los autónomos ayuda a cancerar la Seguridad Social, porque, por esta razón, acumula ya un déficit de 10.000 millones de euros al año. Y, porque, además, el 50% de los pensionistas que ha cotizado en este régimen durante su vida laboral necesita, cuando se retira, una aportación complementaria del propio sistema para que al menos pueda cobrar la pensión mínima del sistema. Por ejemplo, con cónyuge a cargo, la renta contributiva mínima en 2022 es de 890,50 euros al mes, que al año es de 12.467 euros.
Aun así muchos autónomos se quejan de que después de una larga vida de trabajo les queda una pensión muy baja. Claro, pero es que el esfuerzo contributivo es una de las claves del sistema de pensiones, para que algún día pueda ser sostenible de forma autónoma, o acercarse a ello, acotando su financiación a las cotizaciones sociales que abonan empresarios y trabajadores. Claro que ahora se pagan las pensiones, pero desde la gran depresión, de 2007 y 2013, la Seguridad Social requiere para hacerlo de préstamos anuales de Hacienda y, por lo tanto, del recurso a la deuda. Todo el sistema de prestaciones supone un gasto anual superior a los 170.000 millones de euros. Es decir, una cantidad superior a los 160.000 millones de euros que, según parece, España va a recibir al final de los fondos europeos de recuperación, entre 2021 y 2026.
Por lo tanto, inherente a la contributividad del sistema de protección está su carácter solidario. Y está claro que son los asalariados los que cubren la cotización que no han hecho muchos autónomos durante su vida laboral. Por eso, hasta la reforma, muchos de ellos, al llegar a los 47 años, tienen un tope en la base máxima de cotización: si con 47 años de edad, su base de cotización es inferior a 2.077,80 euros no podrán elegir una base superior a la base máxima de 2.113,20, salvo que lo hubieran hecho antes del pasado 30 de junio. Se trata de evitar lo que se denomina como la compra de pensiones. Es decir, una persona que en los últimos años de su vida laboral decide cotizar por bases más altas, para tener una pensión más elevada, después de haber hecho un esfuerzo contributivo mínimo. Precisamente, con la reforma todos los autónomos que lo deseen podrán ya cotizar por la base máxima si es su deseo. Es lo justo, porque el Gobierno quiere subir estas bases y también la pensión máxima en los próximos 30 años. Por todas estas razones, la reforma de la cotización de las pensiones de los autónomos es una medida recaudatoria, con la que, junto a otros cambios, el Gobierno busca aumentar la contribución de este colectivo y conseguir el equilibrio financiero de la Seguridad Social en los próximos años. Así se lo dijo el Ejecutivo a la Comisión Europea cuando le envió el plan de recuperación de España para invertir lo que en principio eran 140.000 millones de euros, entre 2021 y 2026. No obstante, Escrivá tiene muy claro que no puede decir a los autónomos que es una reforma recaudatoria y por eso dice que su efecto es neutro. Es pura corrección política.
La reforma de la cotización de los autónomos mejorará los ingresos de la Seguridad Social, porque es lo que corresponde