Los fondos de inversión van a recurrir tras años de demandas en España
Los fondos de inversión que en su día compraron los derechos de crédito de las autopistas de peaje radiales quebradas van a apelar la sentencia de Irasa.
Acumulan toneladas de papel judicial dedicado a defender la inversión en unos activos de alto riesgo donde el Gobierno ha retrasado hasta el límite y ha tratado de pagar lo menos posible por la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA).
Aunque las quiebras se produjeron en 2018, los primeros pagos de la RPA se han efectuado hace poco. En febrero de este año, el Juzgado Mercantil número 6 de Madrid autorizó el primer pago a cuenta de 131 millones de la RPA de Accesos de Madrid (Radial 3 y 5), que asciende en su totalidad, según los administradores concursales, a casi 665 millones de euros.
En paralelo a estas primeras liquidaciones de la RPA, el Gobierno se ha visto en la obligación de hacer reajustes en el cálculo del pago debido a una sentencia del Tribunal Supremo que estimó parcialmente las demandas de las sociedades concesionarias bajo la tutela de administradores concursales.
En concreto, la sala de lo
Contencioso-Administrativo sentenció a favor de una parte de las demandas presentadas contra la norma de interpretación del cálculo de la RPA aprobada por el Gobierno en 2019.
Accionistas y acreedores de estos activos fallidos estiman que las sentencias en cascada del Supremo van a alterar la cifra inicial prevista por el Gobierno de 1.000 millones de euros, lejos de los casi 3.000 millones que reclaman los fondos que compraron la deuda.
Las quiebras fueron en 2018, pero el Estado acaba de empezar a indemnizar