El no impuesto a la banca

Ayer asistimos a la publicación de la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Lo primero que nos sorprende es, precisamente, que sea una proposición de ley de los partidos políticos del Gobierno, en lugar de un proyecto de ley. Legalmente, nada impide que este mecanismo se utilice por el partido político del Ejecutivo, pero podría considerarse un indeseable atajo político.

Parecería que el Gobierno o, mejor dicho, los partidos políticos que lo forman, descartado el real decreto ley, tras los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, han optado por la utilización de otro instrumento legislativo, que vuelve a saltarse los requisitos legales para garantizar que una propuesta de ley goce de la deseable calidad normativa que garantizaría la participación de los servicios técnicos de la Administración, el informe del Consejo de Estado y el trámite de información pública.

En cuanto al contenido en sí, se trata de una “prestación patrimonial de carácter público no tributario” que se debe abonar al Tesoro y cuya gestión y comprobación corresponde a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para contribuir al pacto de rentas. Es decir, se trata de un impuesto, que se califica, por una proposición de ley, como una prestación, que no es un tributo, pero que es público, que se propone para mitigar el alza de los precios.

Una prestación patrimonial debe retribuir la prestación de un servicio público, lo que no parece ocurrir en este caso. Adicionalmente, si no es un tributo, los fondos no deberían ir al Presupuesto General del Estado, sino estar afectos a un fin, entrando en contradicción frontal con la exposición de motivos, que lo justifica alegando las tensiones presupuestarias y el coste para el Estado de “las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a la vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de la Palma” que “representa un importante aumento del gasto público”.

Tampoco parece que esté justificado el umbral de ingresos de 800 millones de euros si estamos hablando de una prestación patrimonial, y llama la atención el año de referencia, 2019. Adicionalmente,

el umbral podría ser una discriminación, constitutiva de ayuda de estado incompatible, para aquellos que no se les impone la carga. Además, parece claro que, cuatro años después, y tras una pandemia, las cifras de ingresos brutos de ese año podrían no reflejar el tamaño de los bancos en los años 2023 y 2024, que es cuando se debería realizar el pago.

Por otro lado, la no deducibilidad del impuesto sobre sociedades es altamente cuestionable, se trata de un impuesto que grava los beneficios, ya que se tiene que respetar el principio constitucional de capacidad económica. La única lógica que tendría que no sea deducible sería que fuese una liberalidad, que no es el caso, ya que parece que su pago es obligatorio.

La prohibición de su repercusión también es muy cuestionable. La repercusión de un impuesto a los clientes se puede realizar de dos formas: o porque la ley así lo establezca, repercusión jurídica, o porque la empresa incluya, de alguna forma, ese importe entre sus costes, repercusión económica, reconocida en la jurisprudencia comunitaria y casi imposible de controlar por muchos que sean los llamados, por la proposición de ley, a tal labor.

Entre los argumentos utilizados, se recurre, como siempre que se habla de la banca, la exención del IVA de los servicios bancarios, que denota una clara incomprensión del funcionamiento del impuesto. El IVA grava la generación de valor en cada fase de la cadena de producción, y lo paga siempre el cliente final, lo cual no ocurre en el caso de los bancos. Es decir, quien no paga el IVA sobre los servicios financieros es el cliente, y como consecuencia, los bancos no pueden deducirse el IVA soportado, como hace cualquier empresa, y ese importe es un coste más para el banco. También se refiere la exposición de motivos a este impuesto como un levy, sin tener en cuenta que en España ya existe el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito.

En conclusión, se trata de una nueva medida, otra, discutible por su calidad técnica, que vulnera la seguridad jurídica deseable para el crecimiento económico y que, con el fin de luchar contra la inflación, eleva los costes de dos sectores fundamentales de la economía.

Se trata de una nueva medida, otra, discutible por su calidad técnica, que vulnera la seguridad jurídica

Socia responsable de Fiscalidad Internacional en PwC Tax & Legal