Una decena de bancos pagarán los 3.000 millones del nuevo tributo

LA CIFRA COINCIDE CON LOS QUE SUPERVISA EL BCE/ La lista incluye a las grandes entidades cotizadas, pero también a otras más pequeñas como Ibercaja, Kutxabank y Cajamar.

Los 3.000 millones de euros que pretende recaudar el Gobierno del sector bancario en dos años recaerán en cerca de una decena de entidades.

Quedarán fuera, por tanto, la amplia galaxia de cajas rurales que operan en el territorio español, con la única excepción de Cajamar. Y también las entidades extranjeras que realizan banca comercial en España, incluidas las más grandes, ING y Deutsche Bank.

Los afectados son aquellos que ingresan anualmente en concepto de ingresos por intereses más comisiones por venta de productos financieros una cifra igual o superior a 800 millones. Solo se tendrá en cuenta el negocio en España. El umbral inicial supone una rebaja sobre los 1.000 millones de euros que se barajaron inicialmente.

El año de referencia de ingresos que señala el texto de la proposición de ley registrada en el Congreso es 2019, el último año prepandemia. Sin embargo, el gravamen del 4,8% se aplicará sobre las cifras declaradas en los ejercicios 2022 y 2023. Según los cálculos de EXPANSIÓN, las entidades afectadas serían CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar y Unicaja (ver ilustración). Algunas de ellas estaban perdiendo dinero en España hace muy poco tiempo.

Todas ellas están supervisadas directamente por el BCE, ya que el tamaño de su balance supera los 30.000 millones de euros.

La única duda es si Abanca tendrá que soportar también el impuesto. Todo dependerá

Quedan fuera las decenas de cajas rurales que operan a lo largo del territorio español

También los bancos extranjeros con un negocio comercial importante como ING y Deutsche Bank

del detalle fino que se tenga en cuenta a la hora de realizar el cálculo de la base imponible. Ese punto se determinará muy probablemente durante la fase de enmiendas. La banca, por su parte, hará sus mejores esfuerzos para intentar modular todo lo posible la redacción actual de la proposición de ley. La principal crítica que hace el sector del impuesto es que alterará el marco competitivo (dentro y fuera de España), precisamente porque afectará a unas entidades sí y a otras no. Pero hay más críticas. “Tal y como está planteado se perjudica a las entidades que tienen aseguradoras en sus grupos fiscales consolidados de las que controlan más del 80% del capital”, advierte Eduardo Areilza, director sénior de la consultora Alvarez & Marsal. “Se podría penalizar también a algunas aseguradoras que son filiales de entidades bancarias, generando un problema en el sector asegurador, que estaba fuera del perímetro inicial de bancos y energéticas”, añade. Consultores y asociaciones de consumidores advierten que será imposible controlar que los bancos no repercutan el coste del im

puesto en los clientes. Entre otras cosas, porque la normativa bancaria EBA obliga expresamente a las entidades a trasladar todos los costes a los precios de los productos, incluidos los fiscales. “No se pueden controlar por ley los precios de los servicios en un mercado de libre competencia”, sostienen fuentes del sector. Los 3.000 millones que recaudará el impuesto suponen el 34% de los más de 8.800 millones de euros por tributos que ha ingresado el Estado de la banca entre 2017 y 2021.