Impuesto para fomentar el pacto de rentas
La “prestación pública patrimonial no tributaria”, así se denomina oficialmente al gravamen que el gobierno quiere imponer a las empresas energéticas y bancarias durante los próximos dos años para que contribuyan con 7.000 millones de euros a afrontar los gastos sociales consecuencia de la alta inflación existente, ha dado su primer paso al ser presentada en el Congreso la proposición de ley por el grupo socialista y el de Unidas Podemos. Ahora se iniciará una compleja negociación política con el resto de los grupos políticos para tratar de conseguir la mayoría suficiente para que sea una realidad.
Finalmente, el Ejecutivo ha optado por conseguir esos fondos, 3.000 millones de los bancos, aplicando un recargo del 4,8% a la suma del margen de intereses y de las comisiones netas que obtengan las entidades que en 2019 superaban los 800 millones de euros por ese concepto. El recargo se aplicará sobre la cifra de la actividad en España tanto de la matriz como de las posibles filiales que cada grupo tenga y desarrollen su negocio en el país.
El texto recoge el deseo del Gobierno de que el recargo no sea repercutido por las entidades a los clientes imponiendo posibles sanciones de hasta el 150% de la cantidad repercutida si la CNMC y el Banco de España descubren que se ha hecho. Algo que desde distintas fuentes se señala que será difícil de demostrar en el supuesto de que las entidades decidan hacerlo de manera indirecta. Una de las maneras podría ser, por ejemplo, que los bancos retrasaran el inicio de la remuneración de los depósitos de clientes como consecuencia de la subida de los tipos más allá de lo que es habitual.
Preguntado por cuándo empezará Santander a remunerar los depósitos de clientes, el consejero delegado José Antonio Álvarez, señaló que “los tipos de interés están en cero”, queriendo decir que no han subido aún y que por lo tanto pasará un tiempo hasta que eso ocurra. Pero lo cierto es que los tipos de activo sí han iniciado ya una senda de crecimiento que, previsiblemente, se prolongará en el tiempo.
Aunque el motivo básico de la medida es, en opinión del Gobierno, que los bancos se van a beneficiar de forma extraordinaria de la subida de los tipos de interés y que por lo tanto deberían contribuir más, en la exposición de motivos se justifica la medida como una parte relevante del “pacto de rentas” que desde el Gobierno, y el Banco de España, se ha reclamado de manera insistente.
Salarios e inflación
En el texto se señala que la evolución de los salarios en España está siendo moderada en relación con la elevada inflación actual y que lo que corresponde a esta situación es que las empresas moderen sus márgenes de forma que también contribuyan a impedir que la inflación se cronifique. No queda claro por qué solo son las energéticas y los bancos los que deben contribuir, cuando otras sociedades también están registrando crecimientos relevantes de beneficios.
A la crítica que desde la oposición política se hace al hecho de que la inflación está propiciando un fuerte crecimiento de la recaudación fiscal, en Hacienda reconocen que hasta el pasado mes de junio se han recaudado 10.000 millones de euros más de los previstos pero que solo una parte es achacable a los efectos de la inflación, porque otra parte muy relevante se debe a la fuerte actividad económica y a la generación de empleo. Como era esperable, el sector financiero ha reaccionado en contra de la medida, aunque se suceden los llamamientos al diálogo para encauzar la cuestión, y se señala que la medida puede afectar al volumen de crédito que los bancos canalicen a la economía, y que Álvarez ha cifrado en unos 50.000 millones de menos créditos en los dos años como consecuencia de que las entidades puedan ver disminuido su capital en esos 3.000 millones.
Otros actores señalan que serán los accionistas, grandes o pequeños y el Estado entre ellos al ser propietario del 16% del primer banco por su actividad en España, CaixaBank, los perjudicados, ya que ese recargo disminuirá los beneficios de las entidades y por lo tanto afectará a la parte del resultado que se reparten a los accionistas. Además, desde los bancos se recuerda que ya se pagan muchos impuestos (el 30% en Sociedades, el impuesto de actos jurídicos documentados, el de depósitos y el IVA que no pueden repercutir) junto a las contribuciones a los fondos de resolución y de garantía de depósitos. La CECA estima que todo ello supera el 50% de los resultados.
Pero aún no está todo dicho. La tramitación parlamentaria de la proposición de ley puede traer profundos cambios sobre la redacción actual, tanto en cuantía como en el espíritu de lo que se quiere conseguir. Sin duda, tanto las entidades individuales como las patronales del sector movilizarán sus influencias sobre los grupos políticos del Congreso para conseguir aflojar la presión en sus márgenes.