Extranjería y mercado de trabajo
El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó, y ayer fue publicado en el BOE, el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Una reforma exprés del reglamento de extranjería para facilitar el acceso al mercado laboral español de forma regular. Las empresas, que demandan talento y –pese a la elevada tasa de paro– no lo encuentran y la Seguridad Social, necesitada de cotizantes para reforzar su sostenibilidad, lo agradecerán. Pero los grandes retos de nuestro mercado de trabajo y sistema de protección social exigen mucho más.
El decreto reforma la determinación de la situación nacional de empleo de cara a conformar un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que permita una fotografía más exacta de las necesidades del mercado de trabajo. A su vez, establece una mejora en los procedimientos de la gestión de la contratación en origen y de la migración circular, una adecuación de los arraigos laboral, social y familiar a la realidad laboral y social actual y la creación de una nueva figura de arraigo, el arraigo para la formación.
Así, se establece que, apelando al sistema que Alemania denomina estancia tolerada, personas que se encuentren en España en situación irregular y cumplan un compromiso efectivo de formación puedan obtener una autorización de residencia. Ello facilitará a las empresas obtener personal con formación necesaria para cubrir los puestos de trabajo que ofertan e incorporar al mercado laboral español a personas que se encuentran trabajando de manera irregular, aflorando así actividad e ingresos para el Estado.
A su vez se facilita compatibilizar la realización de un empleo con los estudios, se favorece el emprendimiento por parte de personas extranjeras y se trata de agilizar la tramitación de expedientes avanzando hacia un nuevo tipo de oficina que garantice el legítimo interés de las empresas a obtener sin mayores dificultades burocráticas, divergencias en criterios de tramitación o concesión o retrasos en las autorizaciones y el legítimo interés para las propias personas extranjeras, ya que ambos ven mermada su seguridad jurídica.
Facilitar el acceso a mano de obra cualificada que requieren las empresas al tiempo que aflorar economía irregular aportando nuevos recursos a las arcas públicas son dos objetivos oportunos, siempre que se alcancen con todas las garantías jurídicas y el requerido consenso con los agentes implicados en el ámbito económico, social y de seguridad.
Pero ello no debe impedir seguir avanzando en la mejora del funcionamiento de nuestro mercado laboral y el necesario refuerzo de la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de protección social.
Urge impulsar la integración activa de los casi 3 millones de desempleados que sitúan nuestra tasa de paro en el 12,5%. Ello exige priorizar su incorporación en el mercado de trabajo, a través de un marco de relaciones laborales flexible y seguro, un modelo de intermediación y formación profesional para el empleo eficaz y un marco de protección social y desempleo que aporte recursos suficientes. Éste debe incentivar la transición al empleo y evitar la trampa de la pobreza a la que se someten los desempleados que dejan de buscar activamente empleo. Asuntos todos en los que hay mucho margen de mejora.
Y urge reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social, que se está viendo ya fuertemente tensionado por el creciente gasto en pensiones y más, aún, cuando las generaciones del baby boom alcancen la jubilación. Ello, además de facilitar el crecimiento económico y creación de empleo, exige adoptar nuevas reformas estructurales que garanticen la suficiencia y sostenibilidad del sistema, sin confiar el grueso del proceso de consolidación en subidas de cotizaciones que afecten a la competitividad de la economía nacional, y, en definitiva, a nuestro mercado laboral.
Aflorar economía sumergida puede ser útil en el corto plazo para generar recursos y aportar mano de obra necesaria en este momento extraordinario que vive nuestro mercado laboral tras la pandemia. Pero los grandes retos de nuestro mercado de trabajo y sistema de protección social exigen mucho más.
Socio responsable de Inmigración en EY y exsecretario de Estado
de Empleo
Urge impulsar la integración activa de los casi 3 millones de desempleados