La demagogia tributaria del Gobierno
Como escribí hace unos días en EXPANSIÓN, el Gobierno del presidente Sánchez, en su huida hacia adelante, se ha abrazado al populismo con el anuncio de un impuesto a la banca y otro a las eléctricas. Este jueves, han presentado la mencionada proposición de ley, que es un cúmulo de postulados demagógicos de la izquierda extrema, posición hacia la que el presidente Sánchez lleva al Gobierno cada vez con más ímpetu. El hablar de beneficios caídos del cielo en el caso de las eléctricas, cuando el propio Gobierno incrementa la recaudación debido a la inflación y se niega a devolver esa parte a los contribuyentes, porque no quiere ni deflactarles la tarifa del IRPF ni bajarles los impuestos, aunque sea temporalmente, no tiene sentido. Y el decir que van a gravar a la banca porque se benefician de unos balances más saneados gracias al gasto público que ha frenado, de momento, el desempleo, y que con la subida de tipos se van a aprovechar de la situación con el aumento de los intereses hipotecarios y de los márgenes financieros, en general, es absurdo, porque la economía se habría resentido en general, no sólo la banca, con más desempleo, y porque entonces, por esa regla de tres, habría que haber compensado a la banca durante la década de tipos cero en los que muchos de los préstamos concedidos no han tenido rentabilidad para ellos.
Estos impuestos no permiten su repercusión al cliente, y encomiendan ese control a la CNMC, con una multa que será el 150% del importe repercutido. En el caso energético el gravamen será el 1,2% de la cifra neta de negocio, considerando el consolidado de los grupos (eximen a los de menos de 1.000 millones en el caso energético) y en el impuesto bancario se aplicará sobre las entidades con ingresos por intereses y comisiones superiores a los 800 millones de euros, con un tipo del 4,8%. Adicionalmente, ninguno de los dos impuestos será deducible en el impuesto de sociedades.
Estos impuestos generan una inseguridad jurídica importante, no sólo por introducir un elemento con el que no contaban en sus previsiones y que puede ahuyentar inversores en los mercados financieros. En el caso del impuesto a la banca, el populismo y la demagogia rozan el extremo. No es sencillo que lo apliquen y, si al final logran sacarlo adelante, es casi imposible que puedan prohibir a la banca el repercutirlo, porque la banca tiene la obligación de velar por su solvencia financiera, tal y como se establece en Basilea III. Además, con el impuesto atacan a un sector, el bancario, que es clave para toda la economía.
Teniendo en cuenta esto, para empezar, es difícil que controlen la repercusión del gravamen, pues en la formación de precios hay libertad para competir, siendo el mercado, el cruce de oferta y demanda, quien marca el precio. ¿Cómo va a decidir la CNMC qué es repercusión del impuesto y qué no? Es inviable desde un punto de vista racional.
Por otra parte, podría producirse una disminución de la oferta de las empresas energéticas, que provocaría un aumento de precios y un menor suministro. En el caso de los bancos, es difícil que el BCE lo admita, porque va, como decía, contra la solvencia de las entidades en cuanto al cumplimiento de los requerimientos de capital que les obliga a repercutir todo coste directo, por normativa de Basilea. También puede afectar al volumen de crédito y a la transmisión de la política monetaria, que invadiría competencias del BCE. Por último, en ambos casos, al no permitirse la deducción en el impuesto de sociedades, podría darse el caso de doble imposición, con los litigios correspondientes.
En definitiva, no ayuda a los ciudadanos, sino que puede perjudicarlos, ahuyenta inversiones por la inseguridad jurídica que genera, y puede crear problemas tanto de encaje legal –doble imposición– como competencial –interferencia en la transmisión de política monetaria–. La solución no es aplicar estos impuestos, sino una política económica ortodoxa, que controle el gasto, que equilibre las cuentas, que vaya reduciendo la deuda, que genere certidumbre y que dé seguridad jurídica para atraer inversiones, aumentar las bases y crear actividad económica, empleo y riqueza, justo lo contrario de lo que esta medida populista provocará.