El alcance del mal llamado impuesto a las grandes eléctricas
Tal y como se ha venido anunciando en las últimas semanas por el Gobierno, los Grupos Parlamentarios PSOE y Unidas Podemos han presentado este jueves la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.
Se trata de un texto de un total de 20 páginas de las cuales 14 están dedicadas a la Exposición de Motivos. Cuestión esta que, ya de antemano, suscita cierta inquietud acerca de su efectivo contenido regulatorio, que consta de dos artículos –uno para cada gravameny dos disposiciones finales –una recogiendo el título competencial y la segunda indicando la entrada en vigor prevista para el día siguiente de su publicación en el BOE–.
Entrando ya en las particularidades del nuevo gravamen, lo primero que cabe analizar es, sin duda, su naturaleza. Se trata de una prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria. Por lo tanto, no estamos propiamente ante un tributo –esto es, no se trata de un impuesto–.
La aplicación de la regulación prevista en esta proposición de ley debe respetar esa naturaleza no tributaria de la prestación establecida, pudiendo plantear problemas para su exacción el hecho de que finalmente se considerase de naturaleza tributaria.
Más allá de esta cuestión, a pesar de la llamativa brevedad del texto, queda claro que el ámbito subjetivo del gravamen viene delimitado por varias resoluciones de la CNMC en las que se identifican qué operadores entran en la calificación de “principal” dentro de los sectores energéticos (eléctrico, gas natural, carburantes y gases licuados del petróleo). Un total de diez operadores. No obstante, se prevé una exención cuando el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros o que puedan acreditar que la actividad energética es inferior al 50% de su cifra de negocios y, por tanto, que esta no es su actividad principal.
A priori, parece que el ámbito subjetivo no plantea mucha complejidad en cuanto a número de sujetos pasivos –están identificados “con nombres y apellidos” por la CNMC–. Cuestión distinta es cómo quedará la foto tras la aplicación de esas reglas de exención.
El tipo se fija en el 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago. Por tanto, no parece que se esté gravando exclusivamente lo correspondiente a los aclamados presuntos beneficios extraordinarios, sino la totalidad de la cifra de negocios de estas empresas. De acuerdo con la Exposición de Motivos de la proposición de ley, “los sectores en los que la subida de precios puede incrementar en mayor medida sus beneficios son el sector eléctrico, gasista y petrolero […]”. Todo ello sobre la base del Boletín Económico 2/2022, Informe Trimestral de la Economía Española del Banco de España, en el que se pone de manifiesto que estos sectores –frente a otros ámbitos- “se han recuperado vigorosamente tras la caída de 2020” y con referencia a una estimación hecha por la International Energy Agency fijando el beneficio del sector en Europa en 200.000 millones de euros.
Resulta asimismo destacable la remisión general al régimen sancionador de la Ley General Tributaria, pero con la inclusión de una particularidad. La obligación de no repercusión económica impuesta por el apartado 8 del artículo 1, cuyo incumplimiento puede ser sancionado con “multa pecuniaria proporcional del 150% del importe repercutido”. Con ello se cumple lo anunciado por el Gobierno relativo a la adopción de medidas para evitar que este gravamen sea repercutido al consumidor. El reto reside en las medidas de comprobación del cumplimiento de esta obligación, cuya competencia se atribuye a la CNMC.
En definitiva, nos encontramos ante un texto que plantea numerosas cuestiones susceptibles de debate que, sin duda, serán discutidas tanto dentro del Congreso de los Diputados como fuera. Debate que, llegado el momento de la publicación del texto definitivo en el BOE y de su aplicación por los poderes públicos, tiene altas probabilidades de acabar en los tribunales. Director Legal de Derecho Público de Squire
Patton Boggs