Reflexiones en el estío
En sus días de asueto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería reflexionar sobre el hecho de que su coalición no da más de sí. Por lo tanto, a la vuelta de las vacaciones debería convocar elecciones, que es la solución que le ofrece la democrac
Dentro de unos años, cuando las crónicas de lo que hoy ocurre adquieran la perspectiva que permite el paso del tiempo, se escribirá que en el verano de 2022 el alegre y contundentemente progresista Gobierno de coalición ya no daba más de sí. Los historiadores de la España contemporánea coincidirán en que procesos y eventos sobrevenidos en el exterior convirtieron en algo inevitable la ingobernabilidad interna.
Un régimen como el del impopular Pedro Sánchez, tan lejos de una mayoría parlamentaria y tan cerca de formaciones políticas disruptivas que por razones tácticas accedieron a apoyar su presidencia de manera transitoria, siempre iba a ser díscolo y desordenado. Los llamados shocks exógenos tumbarían a la primera al régimen y a su presidente.
Una causa externa es la galopante presión inflacionaria, la consiguiente subida de tipos y la incertidumbre empresarial y financiera que en el mejor de los casos anuncia un parón productivo en los próximos meses y, en el peor de ellos, una recesión de rompe y rasga. Otra fuente de honda inestabilidad es una guerra en Europa que ha creado una gravísima crisis energética. Se está ante un double whammy de desdichas que comparten una insólita envergadura.
En esta muy incómoda situación el más elemental sentido común dicta que el inaudito aprieto existencial requiere políticas de Estado para rebajar la tensión y recuperar la confianza pública. Estos acuerdos han de ser de mucha altura para poder afrontar los retos del futuro inmediato y los del medio plazo y por ello han de ser necesariamente fruto de pactos entre las principales fuerzas políticas.
Sin embargo, los llamados a acordar fórmulas transaccionales para el bien común saben en su fuero interno que tales pactos son imposibles. Y la sociedad ilustrada sabe que lo saben. Fenecido el bipartidismo fundacional de la monarquía parlamentaria, el sistema se ha vuelto quisquilloso por definición y sus principales agentes se muestran intratables a la hora de sentarse, los unos y los otros, para buscar entendimientos comunes.
Con la llegada al Parlamento de Podemos, el debate político se volvió rencoroso y revanchista, zafio y ordinario. Con la plétora de grupos nacionalistas los plenos de la cámara se tornaron en sesiones de plúmbeo victimismo y con el advenimiento de Vox el intercambio parlamentario adquirió una dialéctica dramática que hiela corazones y que es propia de gente que está ya muy harta de incompetencias y de un exceso de pensamiento desordenado.
Los portavoces de los menguados partidos dinásticos del régimen de 1978 no pasan de enunciar lugares comunes y de insultarse. Debido a la ley electoral el nivel medio de los representantes de la soberanía popular no ha hecho más que degenerar y por consiguiente el marco político actual no está a la altura de las circunstancias. El sistema requiere un prolongado repaso en talleres.
Los cronistas de mañana
Los cronistas del día de mañana dirán que las formas civilizadas que en la Transición permitieron fórmulas transaccionales y dieron paso a la concordia fueron la fugaz e irrepetible flor de un día. Muy pronto, hace ahora cuarenta años, se impuso el poder hegemónico del Partido Socialista y su afán por ocupar todas y cada una de las parcelas de poder creó una cultura política exclusivista que la derecha no dudo en replicar, primero, y repetir, después, cuando le tocó el turno de gobernar.
Llegados al verano de 2022, cuatro décadas después de aquel “el que se mueva no sale en la foto”, los partidos están petrificados en su acción política por conductas y dogmas que excluyen la renovación, la imaginación y la flexibilidad. También están cerrados a la generosidad. Las fórmulas transaccionales e inteligentes son inalcanzables justo cuando más necesidad hay de ellas
Esta saga de males no es una desventura específica de España. Con un Donald Trump mucho más enfurecido que de costumbre, la sociedad estadounidense está peligrosamente polarizada; en vísperas de un otoño caliente, la izquierda radical y la derecha dura le han robado a Emmanuel Macron su mayoría centrista y con ello la autoridad de la cual hacía gala; en una Alemania desprovista de combustible para operar fábricas y calentar hogares, andan a la gresca socialdemócratas, liberales y verdes que son los teóricos guardianes de la estabilidad gubernamental; y tanto
Italia como Reino Unido padecen un vergonzoso vacío de poder. Pero dicho ello, el patio de la casa española contiene elementos muy particulares. Se mojarán todos los patios cuando vuelva a llover, pero el de España se mojará más que ninguno.
El que tiene la responsabilidad de gobernar España tiene un problema diferenciador muy serio, que es la fragilidad institucional. Esta debilidad es una realidad que de manera sucinta va al fondo del mal de la ingobernabilidad. Tal es la fragilidad que se menosprecia soezmente a la jefatura del Estado que, constitucionalmente, es el símbolo de su unidad y permanencia y que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.
El hecho es que cuando el Gobierno de la Nación aprueba un decreto ley o cuando sus más altas instituciones judiciales dictan una sentencia, surge la desobediencia. No se hace caso a las normas promulgadas. El Gobierno de Cataluña se salta a la torera las ordenanzas en el campo educativo, y el de la Comunidad de Madrid, habiendo amenazado con no implementar las de ahorro energético, las recurre ante el Tribunal Constitucional.
Un país padece muy serios problemas de convivencia cuando en una parte de él se prohíbe la enseñanza de un idioma universal, que es una pieza fundamental de su patrimonio común. Y sufre bochornosos inconvenientes cuando quienes mandan en la región que es el motor de la economía nacional se niegan a reducir la iluminación de los escaparates comerciales, tal como ordena el ministerio que regula del sector de la energía.
Se dirá que el oponerse a lo que deciden las instituciones competentes en distintas áreas se ha convertido en el deporte de preferencia de determinados gobiernos autonómicos y en una afirmación identitaria de la región en cuestión. Nadie es nadie si no planta cara al poder central. Es la receta clásica para cocinar el plato indigesto de un Estado disfuncional.
El Gobierno de coalición tolera los desplantes de los gobiernos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco y acostumbra a replegarse ante ellos por razones que no necesitan explicación. Perro no muerde a perro. Pero, eso sí, responde con cara de perro y con gesto altivo cuando el que levanta la liebre del litigio competencial es un gobierno autónomo regido por la derecha. Este es sobre todo el caso del gobierno de la Comunidad de Madrid que es la mosca cojonera, lo que los angloparlantes llaman the pain in the arse, que incordia cada vez más a una coalición que con creciente desacierto gobierna la nación.
La verdadera, por efectiva, labor de oposición política no se hace desde las bancadas del Congreso de los Diputados, el edificio neoclásico en la señorial plaza de la Cortes de la capital de España, sino en las de la moderna sede de la Asamblea de Madrid que se encuentra en el popular distrito del Puente de Vallecas. Los demás gobiernos regionales, y por supuesto sus cuerpos electorales, se miran en lo que hace o deja hacer el de Madrid. La labor de oposición puede pasar de lo sublime, como es la bajada unilateral de algunos impuestos y la eliminación de otros, a lo bastante ridículo como es si el comerciante de turno ha de dejar su local en la oscuridad a las diez de la noche o si tiene la libertad para poder seguir pagando el prohibitivo precio de la luz hasta que le de la gana.
Cuando se habla de tormentas perfectas a la vuelta de la esquina, cuando se llega a tales extremos de desafecto y de desconfianza, de ingobernabilidad y de disfuncionalidad, y cuando los grandes pactos de Estado están prescritos, la salida que ofrece la democracia liberal es la convocatoria de elecciones. Cruzar ese umbral requiere que Pedro Sánchez reconozca en sus días de asueto que en el verano de 2022 su gobierno de coalición ya no daba más de sí.
Debido a la ley electoral el nivel medio de la clase política no ha hecho más que degenerar
Cataluña y Madrid están en rebelión constante contra las normas que salen del Gobierno