Nuevo salvavidas para las empresas en crisis

La luz verde del Congreso a la reforma de la Ley Concursal abre nuevas posibilidades de supervivencia para empresas con problemas de solvencia. La figura legal del concurso de acreedores, introducida en la legislación española en el año 2004, se ha demostrado ineficaz para impedir la liquidación de compañías en crisis. Es más, el Gobierno suspendió en marzo de 2020, recién declarado el estado de alarma, la obligación de solicitar la declaración de concurso en caso de insolvencia y la capacidad de los acreedores para instar el concurso necesario por temor a un tsunami de quiebras. Un régimen excepcional que se fue prorrogando hasta el pasado 30 de junio y tras el cual se dispararon los concursos un 25% en tasa interanual. Por eso, la norma apuesta ahora por la negociación extrajudicial entre las partes mediante los llamados planes de reestructuración, con el objetivo de evitar el atasco judicial de los concursos, que prolonga en exceso los procesos y dispara los costes. El foco de la reforma es preventivo para tratar de solventar los problemas de solvencia antes de que sea demasiado tarde. Las empresas podrán acogerse a un plan de reestructuración hasta dos años antes de prever una insolvencia y no será necesario que todos los acreedores voten a favor del plan para poder aplicarlo. Por el contrario, eleva la responsabilidad legal de los gestores, que pueden ser condenados a costear las deudas no cubiertas con la liquidación de activos de la empresa si se prueba su culpabilidad en la quiebra. Un salvavidas empresarial que llega en un contexto crucial en vista del rápido deterioro de las perspectivas económicas.