Sánchez salva su ‘apagón energético’ obligado a asumir medidas de los socios
El bloque de investidura acude en auxilio del Gobierno y convalida el decreto de ahorro energético con 187 votos a favor frente a 161 en contra, pero fuerza al Ejecutivo a tramitarlo como proyecto de ley para introducir cambios.
Frenético retorno anticipado de las vacaciones. Es lo que ha vivido el Gobierno esta semana, primero con la reunión del Consejo de Ministros del martes; después con la cita de la Diputación Permanente el miércoles, y ayer con el Pleno extraordinario del Congreso, en el que se batió el cobre con la oposición, pero también con sus aliados, para sacar adelante definitivamente tres leyes cruciales para el Ejecutivo en lo que resta de legislatura (la Ley Concursal, la de Ciencia y la de Libertad Sexual, una de las grandes apuestas de Unidas Podemos) y tres reales decretos que sirvieron para medir la temperatura con que da comienzo el nuevo curso económico y político: la reforma del sistema de cotización de los autónomos; la norma que refuerza las medidas frente a los incendios forestales, que este año han arrasado España, y, sobre todo, el controvertido decreto de ahorro energético, confeccionado a espaldas de la oposición, de las comunidades autónomas y de los sectores más afectados.
Con el telón de fondo de la guerra en Ucrania y de las amenazas de Putin de un apagón energético total este invierno, buena parte del pleno pivotó en torno a ese último decreto, verdadero plato fuerte de la sesión. Y no solo porque una vez más se aprobó in extremis, con holgura pero arañando apoyos hasta última hora y sufriendo el pinchazo de la incertidumbre hasta casi el último minuto, sino porque, además, bajo la superficie del ahorro energético, el Ejecutivo incluyó en el mismo saco cuestiones tan heterogéneas, o “colaterales”, como las definió el miércoles el portavoz socialista, Patxi López, como el pago de las expropiaciones por las autopistas rescatadas, las becas al estudio o las ayudas al transporte ferroviario y de mercancías por carretera. Un totum revolutum que generó críticas entre oposición y aliados y que ayer, curiosamente, defendió la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y no la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con un gran ausente en el
Los socios de Sánchez critican su falta de diálogo y le muestran su desconfianza
hemiciclo: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje en Ecuador en el marco de su gira latinoamericana.
El texto salió finalmente adelante gracias al bloque de investidura, con 187 votos a favor frente a 161 en contra, una desahogada mayoría absoluta de la mano de ERC, PNV y Bildu que, junto a la panoplia de grupos minoritarios afines al Ejecutivo, aunaron sus votos con los 153 de PSOE y Unidas Podemos. Eso sí, lo hicieron en medio de críticas a la falta de diálogo del Ejecutivo e incluso claras muestras de desconfianza, y no sin antes forzar la tramitación del decreto como proyecto de ley para poder introducir cambios. De hecho, ERC exigió un compromiso por escrito del Gobierno. “Es una buena noticia que esto acabe siendo un proyecto de ley, pero necesitamos por escrito una fecha para saber cuándo y cómo se va a hacer”, señaló ayer el portavoz de la formación separatista en el Congreso, Gabriel Rufián, quien añadió que “creo que 33 decretos que se han votado se han quedado en nada”.
No fue el único que mostró su desconfianza. El PNV afeó al Gobierno que el decreto no se hubiera discutido y consensuado previamente con las comunidades autónomas y, pese a ratificar su apoyo, le advirtió de que sigue tentando a la suerte al trasladar al resto de fuerzas políticas la responsabilidad de medidas que afectan a toda la ciudadanía: “Nos colocan una vez más en la disyuntiva del todo o nada”, afirmó antes de la votación la diputada peneuvista Idoia Sagastizabal, quien advirtió que “un día no les van a salir las cuentas”. Los nacionalistas vascos instaron al Ejecutivo a negociar con las autonomías y las fuerzas políticas el plan de contingencia energético que se remitirá próximamente a Bruselas ante un invierno que, según an
ticipó el miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, “va a ser durísimo”, y del que el real decreto, que regula aspectos como la temperatura máxima de los termostatos (aire acondicionado a 27 grados en verano y calefacción a 19 en invierno), o el apagado de edificios públicos y escaparates
comerciales a partir de las diez de la noche, es solo un aperitivo.
Cesiones
En otras palabras, Sánchez salvó ayer su apagón energético, pero lo hizo obligado a asumir e incorporar medidas de sus aliados en la posterior
tramitación de la norma como proyecto de ley. Así, el PDeCAT arrancó al Gobierno el compromiso de incluir una línea de ayudas de 100 millones de euros a las autonomías para financiar inversiones en los locales comerciales afectados por la norma, en línea con las reclamaciones de ERC,
que exige financiación extra a las autonomías para afrontar esas actuaciones. Mientras, Bildu pactó endurecer y acelerar los objetivos marcados en la Ley de Cambio Climático, compromiso que, según los abertzales, debe ir acompañado de las correspondientes inversiones.