Cambio de paradigma en la regulación de las insolvencias
El Parlamento ha aprobado al fin la Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal. Persiste en el título una referencia al paradigma concursal vigente desde el año 2004. Sin embargo, el concurso de acreedores no merecía ya tal protagonismo, porque en la nueva regulación queda configurado como un instrumento residual, apropiado fundamentalmente para la liquidación de negocios inviables.
En estos años, el concurso se ha demostrado como un mecanismo poco eficiente para la reestructuración de empresas en dificultades. Se trata de un procedimiento hiperjudicializado, con altos costes fijos y cuya lenta tramitación mal se aviene con la agilidad necesaria en una situación de estrés financiero. Un concurso en España dura de media 60 meses y, a su término, los acreedores apenas recuperan, si llega el caso, una cantidad insignificante de sus créditos, porque los recursos que poseía la concursada se destinan a satisfacer los honorarios del administrador concursal, el abogado y el procurador.
La nueva ley pretende desincentivar la utilización del concurso al endurecer la fase de calificación, en la que se juzga si los gestores de una compañía son responsables de haberla llevado al estado de iliquidez. Si el juez los encuentra culpables, pueden llegar a ser condenados a pagar de su bolsillo las deudas no cubiertas con la liquidación de los activos, incluso si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada.
Pues bien, a partir de ahora en todos los concursos se abrirá la sección de calificación y, además, determinados acreedores podrán presentar su propio informe de calificación. En concreto, están facultados para ello los acreedores que representen al menos un 5% del pasivo y los que tengan créditos superiores a un millón de euros, siempre y cuando hayan formulado previamente alegaciones para el informe de calificación de la administración concursal.
Frente a un modelo basado en una intervención judicial elevada, poco atractivo para los empresarios e insatisfactorio para los acreedores, la nueva regulación apuesta por la negociación privada entre las partes en un entorno extrajudicial. Así, se introduce una nueva figura –los planes de reestructuración– con la que las empresas que tengan al menos diez trabajadores y una facturación anual mínima de 700.000 euros o un pasivo no inferior a 350.000 euros podrán afrontar una situación de dificultades financieras de forma más temprana y eficaz que con los instrumentos vigentes hasta la fecha.
La participación del juzgado en este procedimiento es mínima. Los empresarios o directivos tendrán la opción de comunicar al juzgado la apertura de la negociación con los acreedores y, al final del proceso, podrán solicitar la homologación del plan, de tal manera que se extiendan sus efectos a los acreedores que hayan votado en contra.
Enfoque preventivo
Las empresas pueden acogerse a los planes de reestructuración con una antelación de hasta dos años con respecto al momento en que prevean que no podrán cumplir con sus obligaciones de pago. Más allá de los estados de insolvencia actual e insolvencia inminente, se introduce un horizonte temporal amplio –la probabilidad de insolvencia– para fomentar las reestructuraciones empresariales con un enfoque preventivo.
El factor clave para la aprobación de un plan radica en la formación de las clases de acreedores. Todos ellos tendrán derecho de voto y lo ejercerán distribuidos en diferentes clases o grupos. Para facilitar que un plan salga adelante, no será necesario que voten a favor todas las clases ni todos los acreedores de una misma clase. Cumpliendo ciertos requisitos, se podrá arrastrar a los acreedores y las clases de acreedores disidentes.
Pero la nueva regulación va más allá y contempla que los acreedores puedan imponer un plan de reestructuración en contra de los socios de la empresa cuando ésta tenga un tamaño mediano o grande (como mínimo, 50 empleados y 10 millones de euros de facturación anual) y se encuentre a menos de tres meses de una situación de impago generalizado.
En definitiva, nos encontramos ante un cambio de paradigma en la gestión de las insolvencias en España que promete resultados positivos al desjudicializar los procesos de reestructuración e incentivar una actuación temprana ante las primeras señales de alarma en la tesorería de una empresa. Una mejora en el clima de negocios que aumentará el atractivo de nuestro país como destino de inversión extranjera.
Es una lástima, no obstante, que el texto definitivo de la ley haya incorporado reivindicaciones de determinados colectivos profesionales que han hecho prevalecer sus intereses corporativos en contra de la propuesta inicial del grupo de expertos de la Comisión General de Codificación, que estaba inspirada en las mejores prácticas internacionales.