El Ejecutivo estudia intervenir los precios de la compra
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió ayer en su propuesta de alcanzar un pacto con las distribuidoras de alimentación para poner un precio máximo a más de una decena de productos básicos de la cesta de la compra como respuesta a la escalada que han sufrido en los último meses. Por ello, se reunirá próximamente con las asociaciones de distribuidoras junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Además, pese a que desde el ala socialista del Gobierno se han sucedido declaraciones en contra de esta medida, Díaz aseguró que el Ejecutivo “está estudiando” dicha propuesta. La ministra de Trabajo insistió, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en que se trata de una medida “legal” que ya se ha puesto en práctica en Francia, “con buenos efectos”.
Díaz aseveró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “está volcado en bajar la inflación”, y a juicio de la vicepresidenta la cesta de la compra es una de las formas en las que hay que atajarla. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también presente en la rueda de prensa, evitó apoyar explícitamente la propuesta pero sí afirmó que el Gobierno no deja de “explorar vías para hacer propuestas” que sean útiles a las familias y que tengan “efecto inmediato”.
Mientras, productores y distribuidores alimentarios reciben con críticas la medida que ha comenzado a proponer Díaz (ver información en la página 6). Pedro Barato, presidente de la asociación agraria Asaja, manifestó que los más afectados serán los agricultores y ganaderos y señaló los “caprichos y egoísmos personales” de Díaz, que “van a hacer peligrar los cimientos de un sector tan importante como es el agro”. Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pidió “atajar la especulación que se está dando a lo largo de la cadena alimentaria” mediante la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, puesto que el precio de los alimentos desde su origen en el campo hasta el consumidor subió un 283% en agosto.
Por el lado de la distribución, el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, aceptó comenzar un diálogo con el Gobierno en esta materia, aunque con datos “ciertos y reales” y respetando el derecho de la competencia. Finalmente, por parte de los consumidores, la organización Facua afirmó que “muchas empresas están especulando con los precios y aumentando de forma injustificada sus márgenes de beneficio”.
Como parte de las medidas para atenuar el impacto de la inflación, Díaz avanzó ayer que convocará para diciembre a la mesa de diálogo social de cara a una posible subida del Salario Mínimo Interprofesional, en la que influirá el dato final de la media anual del Índice de Precios al Consumo (IPC), aunque evitó dar citas concretas sobre hasta qué umbral podría escalar.
Aunque el comité asesor ya elaboró un análisis sobre esta cuestión hace un año, Díaz explicó que se ha pedido una reelaboración para incluir los datos actualizados, así como un informe del Banco de España que alude a la importancia del salario mínimo en la desigualdad y la pobreza.
Productores y distribuidores acogen con críticas y cautela el tope a más de una decena de productos
La propuesta de Yolanda Díaz no tiene apoyo explícito desde la parte socialista del Ejecutivo