Camarada Yolanda, ¿por qué no te callas?
Ribera, María Jesús Montero, Margarita Robles o José Luis Escrivá empiezan a estar ya hartos de tener que salir cada dos por tres a recoger los platos rotos que provocan lo arrebatos creativos de Yolanda. Ideas, sin previo acuerdo, que no obedecen a la razón, al análisis o a ninguna ortodoxia económica sino a su ímpetu por hacerse notar a cualquier precio. La última “ocurrencia”, de Yolanda Díaz, como la ha calificado la ministra Margarita Robles, ha sido proponer la intervención del precio de algunos productos de consumo básico en los supermercados. En este caso la vicepresidenta ha invadido el terreno del ministro de Agricultura, Luis Planas, provocando un auténtico tsunami en el sector. La vicepresidenta reclama que se le pague más a los agricultores por sus productos en origen y que, al mismo tiempo, se tope los precios de los productos básicos en los supermercados. Para ilustrar esta propuesta, Díaz echó mano del manual de buen demagogo, limitándose a argumentar que “no es de recibo” que la diferencia entre lo que se le paga al agricultor por un kilo de naranjas en el campo y el precio de venta de ese mismo producto en el supermercado pueda superar el 800%. Una reflexión demasiado frívola teniendo en cuenta que la propuesta de Díaz ignora todo el proceso intermedio que soporta un producto desde el origen hasta el consumidor final. Desde el transporte, el almacenamiento, la clasificación, la distribución punto a punto, pasando por la cadena de frío. Ignora todos los impuestos que ese proceso intermedio soporta y, sobre todo, ignora los márgenes con los que trabaja el sector de la gran distribución. Márgenes que, tratándose de actividades que basan su negocio fundamentalmente en el volumen, se mueven en porcentajes de rentabilidad modestos que oscilan entre el 2% y el 4%. El ministro Luis Planas le tuvo que recordar a la ministra que la medida que propone es “ilegal” porque atenta contra la libre competencia. Y también se lo ha recordado la CNMC. Y eso sin contar los efectos que tendría sobre los propios productores o el pequeño comercio de proximidad que no tienen músculos para soportar las pérdidas provocadas por una ocurrencia que Díaz está intentando blanquear a posteriori, citando a Sarkozy. Cualquier economista solvente vaticina que la medida provocaría desabastecimiento y mercado negro. Hace unos días, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, explicaba en un artículo publicado en El País que intentar intervenir los beneficios de las empresas en mercados libres penaliza la actividad industrial y el empleo. Para entender lo que Imaz quería decir es imprescindible que el lector comprenda para que sirve el mercado o la libertad. De momento, lo que Yolanda Díaz quiere es que en las próximas elecciones alguien le vote, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.