Economía cifra en el 3% el indicador que rige el alza salarial de los funcionarios
El Gobierno, que prometió elevar los sueldos públicos en línea con los precios, quiere dar ejemplo de cara al pacto de rentas privado y ultima poner en marcha la negociación con el colectivo.
El Gobierno ultima el diseño del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y, según fuentes oficiales, ha iniciado ya una ronda de contactos preliminares con el colectivo de funcionarios antes de abrir formalmente la mesa de negociación sobre la subida de los sueldos públicos que las nuevas cuentas fijarán para el próximo año. Aunque el Ejecutivo aún no ha trasladado cifras concretas, fuentes del Ministerio de Economía cifran en el 3% el deflactor del PIB, indicador que tradicionalmente ha sido clave en la formación de la subida de los sueldos públicos. Los sindicatos del funcionariado, a su vez, ultiman movilizaciones para exigir subidas de mayor calado que palien su pérdida de poder adquisitivo.
Después de todo, el Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró agosto con un incremento interanual del 10,4%, reflejando un encarecimiento generalizado de la cesta de la compra impulsado por la subida de costes de energía y materia primas, mientras que la tasa subyacente, que elimina los componentes más volátiles, escalaba ya al 6,4%. A falta de ver si la inflación se modera en la recta final del año, como espera el Gobierno, los funcionarios afrontan esta escalada de precios con un incremento de sus salarios del 2% aprobado para este año.
En contraposición, sin embargo, el Gobierno calcula el impacto de la evolución de precios sobre la actividad a través del deflactor del PIB. La construcción de este, detallan fuentes de Economía, implica un aumento de 7,9 puntos por la demanda nacional, más otros 5,7 puntos de las exportaciones que se ven contrarrestadas por una rebaja de 10,6 puntos debida a las importaciones, lo que modera hoy el deflactor del PIB al 3%.
El indicador ha sido tradicionalmente una de las bases sobre las que el Gobierno ha acometido la negociación salarial con los funcionarios, por lo que la cifra da idea de las pretensiones del Ejecutivo. La vicepresidenta primera y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, viene avanzando que aspira a acordar una subida moderada que
acompañe y promueva el ansiado pacto de moderación de rentas y márgenes empresariales que se reclama a los agentes sociales para evitar una espiral inflacionista.
De momento, en la actualización del Programa de Estabilidad para el periodo 2022 a 2025 remitido a la Comisión Europea el pasado 29 de abril, el Gobierno se limitó a comprometer que “a partir de 2023, los salarios incorporan una tendencia en línea con la evolución de precios prevista”. Un alza que podría erigirse
El sindicato de empleados públicos CSIF pide un alza fuerte y presiona con una manifestación
sobre el deflactor del PIB, que el Gobierno proyectó que se sitúe en el 3,2% en 2023, según la actualización del cuadro macroeconómico que publicó en julio como paso previo a la aprobación del techo de gasto para los nuevos Presupuestos.
La subida definitiva, en todo caso, deberá ser negociada con los funcionarios por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en el marco de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos. La cita, que previsiblemente se fije en las próximas semanas en el marco del proceso de diseño del proyecto presupuestario, está siendo precedida ya de contactos preliminares. A la espera de que ambas partes pongan cifras sobre la mesa, los empleados
públicos han comenzado a elevar la presión para lograr un incremento salarial sustantivo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que asegura que no ha sido contactada aún por Montero, ha convocado una manifestación en Madrid el próximo 24 de septiembre “por una subida salarial justa, contra el empobrecimiento social y el deterioro de los servicios públicos”, alegando que no aceptarán que se agrave la pérdida de poder adquisitivo que ya están sufriendo.