El tope a los precios de los alimentos se diluye

Ala vicepresidenta Yolanda Díaz no le quedó ayer más remedio que asumir la imposibilidad de llevar a la práctica su propuesta de pactar con la distribución los precios máximos de una cesta de productos básicos. En primer lugar por la advertencia de las autoridades de competencia respecto a la ilegalidad de una concertación tan evidente, prohibida tanto por la normativa nacional como por la europea, que además dejaría en desventaja a los operadores que no se adhirieran al pacto. Es decir, a los pequeños comercios, con menor capacidad para recortar sus márgenes y, por tanto, sus precios. El llamamiento de Díaz a que los ciudadanos aumenten sus compras en estos establecimientos como forma de compensarles resulta ingenuo. Pero es que tampoco las grandes cadenas de distribución están por la labor de asumir una reducción mayor de sus márgenes adicional a la derivada del fuerte incremento de sus costes, sobre todo los energéticos, y de los precios en origen durante los últimos meses. Las empresas reclaman al Ejecutivo, con razón, que rebaje de manera extraordinaria la carga fiscal de algunos productos básicos para facilitar su compra por parte de las familias y que garantice un coste sostenible de la energía para todos los actores de la cadena alimentaria. A lo que hay que sumar el malestar en el seno de la coalición gubernamental por la intromisión de Díaz en las competencias de otros ministerios. De ahí que admitiese que la moderación del coste de los alimentos quedará “a merced” de las ofertas comerciales de cada empresa, como no podía ser de otra manera en una economía de mercado.