España no aguanta 15 meses de campaña electoral
La totalidad de los partidos políticos y de los líderes que aspiran a una posición en las listas han puesto en marcha la maquinaria electoral para las tres citas que vienen por delante: autonómicas y municipales en mayo y generales en diciembre de 2023. Quince largos meses en los que los intereses partidistas y los resultados de las encuestas estarán por encima de la gestión en las instituciones y, por supuesto, de la resolución de los problemas de los ciudadanos. Es el peor escenario con el que nos podemos encontrar en unos momentos en que la crisis exige decisiones de Estado y no de partido. Y España no lo puede aguantar.
Tras varios años de polarización y frentismo puro, que han impedido grandes acuerdos transversales, hemos entrado en una etapa todavía peor ante la urgencia de ganar posiciones frente a los próximos comicios. Las encuestas han puesto en estado de alarma a unos y otros y se ha tocado zafarrancho.
Los que van ganando en los estudios demoscópicos, el PP de Alberto Núñez Feijóo, no están dispuestos a cometer errores que les hagan romper la racha alcista de votos en toda España, ni dar bazas a sus competidores. Eso quiere decir que no arriesgarán ni un ápice, ni cederán en las posiciones que llevan defendiendo durante meses y que les han proporcionado buenos réditos. Aunque sepan que lo razonable sería ser más flexible y apoyar determinadas propuestas del Gobierno; sobre todo, aquellas que afectan al bienestar de los ciudadanos.
Pero no, los populares van a mantener una oposición frontal a las políticas de los socialistas, y se van a emplear a fondo en criticar la gestión del Ejecutivo y sus pactos con los grupos a su izquierda y con el independentismo. Eso sin contar con los ataques continuos a la situación económica, aunque sean conscientes de que buena parte de los problemas vienen de fuera y que una acción conjunta PSOE-PP ayudaría a afrontar la dura crisis que se avecina.
En el otro lado, los socialistas no están dispuestos a darles ninguna baza negociadora. Pedro Sánchez ha dado la orden de hablar solamente con sus aliados de gobierno y de investidura, mientras emprenden durísimos ataques contra Feijóo. De esa forma, en La Moncloa y en Ferraz piensan que van a darle la vuelta a las encuestas con vistas a las elecciones de mayo en las que se juegan seis gobiernos autonómicos y cientos de ayuntamientos. Y ya se sabe que quien gana las municipales, repite en las generales.
El debate en el Senado y los movimientos posteriores de un buen número de ministros han puesto de manifiesto que las puertas están cerradas para cualquier acuerdo con el PP. Tan solo les piden que sean patriotas y que voten a favor de unas medidas de las que ni siquiera les han informado. En un claro movimiento hacia la izquierda, el PSOE piensa en movilizar a sus votantes históricos que se quedaron en casa en las últimas elecciones, sin darse cuenta que ese giro le puede costar perder papeletas del centro izquierda como indican las encuestas.
En Unidas Podemos se observa un cierto nerviosismo e incluso desconcierto ante los movimientos de Yolanda Díaz y su plataforma Sumar. La vicepresidenta segunda del Gobierno se ha lanzado a la calle a proponer medidas vinculadas a la solución de los problemas reales de los españoles; unas propuestas populistas (como fijar un precio máximo para la cesta de la compra) que atentan contra las leyes españoles y que han sido calificadas de ocurrencias por varios ministros socialistas.
Díaz trabaja con vistas a las generales de fin de año y los dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida no saben cómo formar las listas y los programas para esta primavera. Ante ese panorama, han vuelto a abrir frentes dentro del Gobierno para capitalizar las medidas sociales, forzar a Sánchez a seguir en su giro a la izquierda y, sobre todo, impedir cualquier acercamiento al centro.
En el otro lado, los dirigentes de Vox asisten a una caída continua en todas las encuestas, pese a que Feijóo ha optado por centrar más sus propuestas y no dejarse hacer su agenda por ellos (a lo mejor por eso). Deben estar preparando algún movimiento estratégico, pero hasta la fecha no lo han mostrado. El fracaso en las elecciones de Andalucía y la posterior huida de Macarena Olona parece haberles dejado desconcertados.
Con un panorama político tan cuarteado es prácticamente imposible pensar que se puedan llegar a acuerdos transversales para afrontar el duro invierno que se avecina. Al contrario, el inicio de una precampaña electoral que se presume larga y agresiva, va a dificultar la aprobación de medidas necesarias y que en condiciones normales podrían alcanzar un consenso. Estos quince meses van a hacer empeorar la vida de todos los españoles, sin que sus líderes políticos piensen en ellos; estarán ocupados con sus campañas.
¿Qué decir de la renovación del Consejo General de Poder Judicial, que va a cumplir cuatro años caducado? Asistimos a un espectáculo vergonzoso en el que el PP es el mayor culpable, sin duda, pero en el que los socialistas lo están utilizando aviesamente en su campaña electoral. Hace ya más de un año propuse en esta columna un acuerdo de renovación inmediata con el compromiso de modificar el sistema de elección posterior. Sería lo razonable, frente a la posibilidad de llegar a las próximas elecciones generales con un CGPJ sin renovar tras cinco años de incumplimiento.