El PSOE se abre a la gestión foral de los nuevos tributos para atar su trámite
El Congreso de los Diputados avala tramitar los nuevos gravámenes tras abrirse PSOE y Podemos a aceptar cambios y estudiar ceder su gestión a País Vasco y Navarra.
Los nuevos impuestos a la gran banca y las principales las compañías energéticas impulsados por los socios del Gobierno de coalición superaron ayer su primer examen parlamentario y se encuentran un paso más cerca de materializarse, aunque podrían terminar haciéndolo con cambios sustanciales frente a su redacción inicial. El Congreso de los Diputados aprobó –por 187 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones– la tramitación de la proposición de ley, gracias fundamentalmente al respaldo de los socios de investidura del Ejecutivo, después de que sus autores se abrieran a aceptar cambios en el proceso de enmiendas. El PSOE, de hecho, terminó de allanar el terreno, atando el voto favorable de los grupos vascos, al aceptar estudiar el traspaso de su gestión a las haciendas forales de País Vasco y Navarra.
El guiño lo mandó Patxi López, que se estrenó oficialmente en el cargo de portavoz del PSOE en el Congreso, asegurando en rueda de prensa que “si hay invasión de competencias” forales en la actual redacción de los nuevos impuestos, como sostuvieron PNV y Bildu exigiendo la cesión de su gestión a las haciendas forales como condición para apoyarlo, “en la tramitación lo tendremos en cuenta”. A falta de ver la forma que acaba tomando este compromiso, lo cierto es que la cesión puede resultar muy relevante dado que algunas de las principales empresas gravadas, como Iberdrola o BBVA, tienen sede en País Vasco.
Con todo, el ofrecimiento de los socialistas puede no acabar siendo el cambio de mayor calado que sufran los nuevos tributos durante su tramitación. Después de todo, grupos como ERC, Bildu o BNG apoyaron la tramitación de la medida avanzando que durante el periodo de enmiendas centrarán sus esfuerzos en convertir los impuestos en “permanentes”.
De momento, la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos lo que plantea es la creación de dos nuevos gravámenes temporales, vigentes en 2023 y 2024, que aspiran a recaudar 7.000 millones de euros de los beneficios extraordinarios logrados por banca y firmas energéticas en los ejercicios 2022 y 2023. En concreto, se exigirá un 4,8% del margen de intereses y comisiones a las entidades financieras que ingresaran más de 800 millones en 2019 a fin de recaudar 1.500 millones anuales y un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios de las firmas energéticas que facturen más de 1.000 millones para que el Fisco ingrese unos 2.000 millones al año.
Una medida no exenta de polémica que incluso los grupos que se mostraron a favor criticaron por no haber sido tramitada como proyecto de ley del Gobierno, lo que hubiera requerido una serie de informes preceptivos garantes de su diseño, y por presentarse bajo la inusual fórmula de “prestación pública patrimonial no tributaria”, dos aspectos que defensores y detractores del proyecto coincidieron en señalar que condenará la norma a tribunales.
La crítica más dura en este sentido fue la vertida por el portavoz popular Mario Garcés, quien calificó el texto de “engendro jurídico”, y dio por imposible la pretensión del Ejecutivo de impedir que las empresas gravadas traspasen el sobrecoste a su clientela so pena de multas del 150% bajo la vigilancia de Competencia y el Banco de España.
Los defensores de la norma argumentaron que “tiempos extraordinarios requieren esfuerzos extraordinarios”. “Aquí no valen las equidistancias, es el momento de decidir si están del lado de la gente que sufre o del de quien se aprovecha de quienes sufren”, planteó la socialista Patricia Blanquer, prometiendo “un debate abierto a mejoras y aportaciones constructivas” durante la tramitación. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, alegó que mientras el Gobierno ha aprobado planes de apoyo a familias y empresas por 15.000 millones para encarar la crisis inflacionista, la gran banca cerró 2021 con 21.000 millones de beneficio y las energéticas, con 9.000 millones. “Un sector que se permite pagarle 35.000 euros al día al señor [presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez] Galán, no parece que tenga ningún problema de solvencia”, enfatizó.
PP, Vox, Cs y UPN votaron en contra, una mayoría apoyó el plan y algunos grupos reclamaron ampliar la recaudación o los sectores gravados, lo que abre la puerta a que la tramitación eleve el impacto económico de la medida.
ERC, Bildu y BNG pedirán hacer los nuevos gravámenes “permanentes” con sus enmiendas