Vientos de contracción económica

La idea de que buena parte de las economías europeas se encaminan a un período de crecimiento reducido, o incluso a una recesión menor, está cada vez más extendida. Y hay razones para ello. En primer lugar, se dan una serie de circunstancias no estrictamente económicas, como la pandemia del Covid o la guerra entre Rusia y Ucrania, que han producido, entre otras cosas, distorsiones importantes en el comercio internacional, que seguramente perdurarán incluso tras el conflicto bélico. Y además no debemos olvidar que la política monetaria de los principales bancos centrales ha creado una inflación como no habíamos visto en décadas y que parece que, por fin, sus gestores se han dado cuenta de que tienen que tomar medidas ya para reducir las tasas de inflación, aunque tal estrategia tenga efectos negativos sobre el crecimiento del PIB y el empleo, y de que, si no lo hacen ahora, los efectos a largo plazo serán aún más perjudiciales y de más larga duración. Hay que aceptar, por tanto, un freno en el crecimiento e incluso una recesión menor como un mal necesario, del que las economías occidentales podrán recuperarse sin sufrir daños especialmente graves si adoptan las medidas adecuadas y sus gobiernos no se dejan influir por las presiones para retrasar el proceso de ajuste, que existen ya y cobrarán fuerza en el próximo futuro.

En este contexto, la situación española parece bastante delicada por el comportamiento de algunas variables importantes a lo largo de los últimos años; en especial las referidas a dos sectores fundamentales: el sector público y el mercado de trabajo. En lo que al primero hace referencia, hay que señalar que España tiene uno de los déficits presupuestarios más elevados de la zona euro, 6,87% del PIB en 2021. Entre las principales economías de la región, sólo Italia tiene un déficit algo mayor (7,29%). Y estamos lejos de naciones como Alemania (3,70%), Países Bajos (2,60%) o Irlanda (1,79%). Además, la deuda pública ha alcanzado el 118% del PIB, cifra solo superada por Grecia, Italia y Portugal. Por otra parte, nuestra tasa de paro se encuentra por encima del 12,5%, una cifra que casi duplica la tasa media de la zona euro y multiplica por 4 la de Alemania. Y en el mes de agosto se ha registrado ya el habitual incremento del paro que tiene lugar una vez terminada la temporada turística del verano, que este año ha sido bastante buena.

La conclusión es simple: no es lo mismo entrar en una fase de bajo crecimiento –o de recesión– con unas finanzas sólidas y una tasa de paro reducida, que con unas cifras

preocupantes en el sector público y un alto nivel de desempleo. Y es importante señalar también que estos problemas se van a plantear en un marco de crecimiento mediocre del PIB español en el medio plazo. En 2020 España sufrió la mayor reducción de PIB de la zona euro (–10, 8% frente a la media del –6,6%), y las tasas de crecimiento del último año y medio indican que será una de las naciones que más tarden en recuperar su nivel de PIB del año 2019. Sabemos que, a diferencia de otros países, tal recuperación no se conseguirá este año y habrá que esperar a 2023 para alcanzarla. Y un freno en el crecimiento necesariamente alargará el plazo.

Conviene tener presente también que España es una de las naciones europeas que mayor riesgo tienen de entrar en una situación de insolvencia financiera, una vez que el Banco Central Europeo corrija su política de compra masiva de deuda de los Estados miembros. Las consecuencias negativas de esta política no se han limitado a haber contribuido a elevar la inflación por encima de cualquier cifra razonable. Más importante aún es que han creado incentivos a un endeudamiento irresponsable en varios países, España entre ellos. Y la corrección de esta política no sólo contribuirá a la tan necesaria reducción de la inflación. También tendrá un efecto negativo: puede crear serias dificultades a la financiación del endeudamiento público de las economías con mayor debilidad financiera. Es cierto que el BCE ha diseñado un mecanismo de apoyo a estos países (el denominado TPI o Instrumento para la Protección de la Transmisión) para evitar que el mercado castigue de forma muy marcada a sus títulos de deuda. Pero el problema sigue existiendo. La ayuda europea tiene sentido, pero debería establecerse una condicionalidad clara a su aplicación, ya que, en caso contrario, se volverían a generar incentivos para que sus gobiernos no introdujeran las medidas de saneamiento que sus finanzas públicas necesitan. En resumen, no cabe duda de que España se enfrenta a tiempos difíciles, pero podrían superarse si la política económica se reorientara y el Gobierno actuara con mayor responsabilidad. Otra cuestión es lo que pueda suceder una vez superada la crisis. Los datos indican claramente que nuestra economía se ha deteriorado frente a las de otros países europeos desde 2008, y que este empeoramiento ha sido aún más acusado desde la pandemia de 2020. Lo que nuestro Gobierno debería plantearse, por tanto, no es sólo qué hacer en los próximos meses, sino también cómo sentar las bases de una economía más próspera que recupere, al menos parcialmente, las posiciones perdidas.