Arrimar el hombro y predicar con el ejemplo ante la crisis
Es el nuevo karma de los políticos ante la crisis que sufre Occidente: hay que arrimar el hombro. Nada que objetar. Lo dicen los gobernantes en España y en la Comisión Europea y tiene todo el sentido del mundo. Ante una situación tan alarmante como la que se avecina este otoño e invierno, todos tenemos que ayudar para evitar que los más desfavorecidos sufran las consecuencias de la crisis una vez más. Sin embargo, los que piden a los demás que arrimen el hombro deberían predicar con el ejemplo.
Pedro Sánchez y la mayoría de sus ministros llevan meses pidiendo solidaridad al resto de los partidos políticos y, sobre todo, a las grandes empresas españolas. El argumento es que el aumento de los precios de la energía y sus consecuencias sobre la inflación en general está aportando a las empresas energéticas y a la banca (en este caso por la subida de los tipos de interés) unos beneficios extraordinarios, que deben devolver al Estado en forma de un impuesto extraordinario que se dedicará a políticas sociales.
El mismo mensaje se pudo escuchar ayer en el Parlamento Europeo, durante el debate sobre el estado de Unión. La presidenta de la Comisión, Ursula von der
Leyen, criticó los beneficios excesivos de las empresas energéticas tras la crisis provocada por la guerra en Ucrania y anunció una tasa del 33% de sus beneficios durante los primeros meses de 2023. Si la propuesta sale adelante, se podrían recaudar 140.000 millones de euros, que serán repartidos entre los más necesitados. La amenaza del tirano ruso, Vladímir Putin, de cerrar el grifo del gas a Europa requiere medidas extraordinarias como esa tasa y un ahorro energético de entre el 5% y el 10%.
En principio, puede parecer razonable que un club como la Unión Europea, que nació tras la Segunda Guerra Mundial como Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) y que fue creciendo con una filosofía solidaria, haga planteamientos similares a los de entonces frente a otra guerra 75 años después. El Estado del Bienestar es uno de los principios comunitarios y durante la reciente crisis generada por el Covid han dado muestras de unidad y de solidaridad.
Lo que no es de recibo es el ataque que se está produciendo desde Bruselas y, sobre todo, desde Madrid contra las empresas que son el motor del crecimiento económico, el empleo y la aportación a las arcas públicas mediante sus impuestos. Sánchez lleva semanas arremetiendo contra las grandes empresas españolas que, a su juicio, forman parte de unos supuestos “poderes oscuros”, junto al PP y a determinados medios de comunicación para asaltar el poder. Una doctrina copiada de Unidas Podemos (que lo importó de los populismos latinoamericanos) y que sitúa a los socialistas en una deriva peligrosa.
Es lógico pedir a los empresarios que arrimen el hombro, pero no es adecuado hacerlo mientras se les pone en la diana y se les señala como a demonios. Así no se hacen las cosas. Y mucho menos como lo ha hecho este verano la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incitando a los sindicatos a calentar la calle frente a la patronal para presionar ante la próxima negociación colectiva. ¿Cómo casan esos ataques con la petición de un pacto de rentas, a todas luces imprescindible para evitar la espiral inflacionista que se viene encima?
En cuanto a las tasas o los impuestos extraordinarios a las empresas energéticas en la Unión Europea y la banca en España, todo es negociable. Pero no estaría de más que el Gobierno se aplicara la misma vara de medir sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por la inflación. Un primer cálculo de algunos economistas apunta a que la recaudación fiscal aumentará este año por encima de los 30.000 millones de euros por efecto de la subida de precios.
En los siete primeros meses del año, los ingresos públicos crecieron un 18% respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 146.235 millones de euros; la cifra más alta de toda la serie histórica. El IVA, con una aportación de 52.504 millones de euros a las arcas públicas, es el impuesto que más aumento registró, fruto de una inflación que lleva varios meses en dos dígitos. Por su parte, el IRPF aportó 69.160 millones de euros entre los meses de enero y julio, con una subida del 17,45% debido al aumento del empleo, los salarios y las pensiones.
Siguiendo el principio oficial de que los beneficios extraordinarios por las subidas de precios tienen que dedicarse a arrimar el hombro, ¿no sería razonable que el Estado hubiera dejado de recibir esos ingresos caídos del cielo y que se hubieran quedado en manos de los contribuyentes? El sistema es muy sencillo: deflactar la tarifa del IRPF y reducir el IVA en aquellos productos más afectados por la inflación. Pero no, el Gobierno se ha negado desde el principio a realizar esos ajustes fiscales.
De todo esto se puede deducir que las propuestas de impuestos extraordinarios a energéticas y banca tienen mucho de ataque ideológico dentro de la estrategia del PSOE de situarse más a la izquierda. El martes por la noche, Pedro Sánchez lo dijo muy claro en su entrevista en TVE: “Somos el Gobierno de la mayoría social frente a los intereses de los de arriba” y añadió que la derecha y las empresas quieren acabar con el progresismo y que “eso no va a pasar”.
Una vez más, la larga campaña electoral de quince meses frena cualquier posibilidad de diálogo.