El Gobierno intensifica su demagogia fiscal

El debate fiscal se ha situado en el centro de la escena política. La bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio aprobada por la Junta de Andalucía ha servido al Gobierno de PSOE y Podemos para acusar al PP de rebajar impuestos “a los ricos” y de laminar los recursos del Estado de bienestar. Dos falacias indefendibles al tratarse de una figura tributaria con una recaudación baja que apenas contribuye a sostener los servicios públicos y porque los ejecutivos populares de Madrid, Castilla y León, Andalucía y Murcia han anunciado una deflactación de los primeros tramos de la parte autonómica del IRPF que beneficiará a los contribuyentes con menos ingresos. Pero la demagogia del Gobierno con los impuestos va más allá. Para satisfacer las exigencias de Podemos y los separatistas a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2023, el Ministerio de Hacienda ultima otra subida fiscal a los contribuyentes con rentas más elevadas como la ya impuesta este ejercicio a las rentas del trabajo y el ahorro por encima de 200.000 euros. La ministra María Jesús Montero justificó gravar a las “grandes fortunas” por la delicada situación que atraviesa la economía, pero como muestran las estadísticas de la Agencia Tributaria no hay tantos contribuyentes por encima de ese umbral como para que la mejora de los ingresos públicos sea relevante. En cambio, el mero anuncio de estos planes para elevar la presión fiscal desincentiva la inversión, penaliza el ahorro cuando más necesario resulta y ahuyenta a los profesionales que se plantean fijar su residencia en nuestro país gracias al teletrabajo. El populismo fiscal sale caro.