La OCDE insta a redirigir las rebajas fiscales sobre la factura energética hacia los colectivos vulnerables

“Los países han utilizado la política fiscal como una de sus principales herramientas para responder a los rápidos aumentos de los precios de la energía”, si bien el grueso de las medidas desplegadas son subvenciones generalizadas que presupuestariamente resultan insostenibles de mantener en el tiempo y que acaban beneficiando más a los privilegiados que a los colectivos más afectados por la crisis inflacionista. Así lo concluye la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe anual sobre reformas de política tributaria, publicado ayer, en el que insta a redirigir las ayudas a las rentas bajas.

El informe admite que las medidas desplegadas, articuladas fundamentalmente mediante bonificaciones y rebajas del IVA, permiten limitar “temporalmente” la fuerte escalada de los precios iniciada por los cuellos de botella que generó la pandemia y ha terminado de disparar la invasión rusa sobre Ucrania.

Sin embargo, añade, aunque “las reducciones de impuestos sobre la energía, ya sean centradas en impuestos especiales o IVA” son “relativamente

rápidas y sencillas de implementar”, debilitan la recaudación impositiva con la misma velocidad y reducen “los incentivos para reducir los niveles de consumo”. Algo especialmente relevante si se tiene en cuenta que la mayoría de las medidas abaratan el uso de energías que agravan el cambio climático. En concreto, el estudio estima que los 89 países analizados han tomado medidas por 246.000 millones de dólares sobre el periodo octubre de 2021 a diciembre 2022 de los que 169.000 millones se han destinado a subvencionar el coste de combustibles fósiles. La cifra supone prácticamente duplicar las medidas de apoyo anual que ya venían destinando a este tipo de energías (201.000 millones en 2019 y 182.000 en 2020).

Problemas de equidad

A partir de ahí, la OCDE recuerda que la reducción de la carga fiscal no lleva aparejada necesariamente una rebaja de los precios finales de consumo, e incide en subrayar que las medidas generalizadas pueden provocar “problemas de equidad”, al traducirse en un mayor beneficio para los mayores consumidores, normalmente los que menos apoyos necesitarían. “Por lo tanto, los países deberían apoyar a la población vulnerable mediante medidas de apoyo específico” a la vez que “desarrollan fuentes de energía y modos de transporte alternativos”. Pese a que este tipo de asistencia seguiría teniendo un elevado coste fiscal, reconoce la OCDE, el impacto sería más asumible por las cuentas públicas de los diferentes estados y más equitativa en términos sociales.

La crítica no es nueva, el Banco de España ya cargó contra la bonificación generalizada de 20 céntimos en el precio de los carburantes aprobada por el Gobierno español señalando que beneficiaba más a las rentas altas que a las bajas.

“En la medida en que los precios de la energía sigan siendo altos, el apoyo debe lograr un equilibrio entre la eficacia, el presupuesto y los costos de implementación, centrándose en las necesidades más fuertes y asegurando sinergias con los objetivos de cambio climático y seguridad energética a más largo plazo”, defiende la OCDE en su informe, que recoge específicamente medidas adoptadas por España como los impuestos eléctricos.

Alerta de que el grueso de medidas incentivan el consumo de combustibles fósiles