No nos equivoquemos, el ‘procés’ no ha muerto
Algunos pensaron que con los indultos a los políticos catalanes condenados por sedición se abría un camino para acabar con el procés hacia la independencia. Pero se equivocaron. Tras las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, en las que se proclamó vencedor el PSC, cabía la posibilidad de que ERC accediera a formar un Gobierno con los socialistas, pero Pere Aragonès prefirió la vía independentista y proclamarse president con el apoyo de Junts y la CUP. El separatismo ganó a la ideología de izquierdas; la R y la C se impusieron a la E de sus siglas.
A pesar de todo, el Gobierno de Pedro Sánchez pensó que todavía había opciones para normalizar el llamado conflicto catalán y siguió convocando mesas de negociación, mientras cedía en las distintas exigencias de los partidos nacionalistas. La idea era separar a los dos grandes partidos independentistas, ERC y Junts, para dormir la vía separatista e ir encauzando la solución por la vía de la negociación y el horizonte de un Estado federal o plurinacional. Pero los hechos han demostrado que la buena voluntad de La Moncloa se encuentra una y otra vez con la tozudez de la realidad: ERC nunca va a renunciar a la república catalana, como mucho va a demorar el procés para ganar tiempo hasta volver a intentar un asalto como el de 2017.
Mientras tanto, la ilusión de la población catalana por lograr la independencia de España es cada vez menor. Lo han demostrado la participación este mes de la Diada y las propias encuestas que señalan una mayoría que no cree ni apoya el proceso hacia la secesión. Algo que parece no importar a los políticos que siguen empeñados en llevar a sus ciudadanos hacia el abismo, mientras su economía y su calidad de vida baja mes a mes.
Los duros enfrentamientos entre los partidos hegemónicos en Cataluña, excluyendo al PSC, siempre se detienen un minuto antes de la ruptura. Lo explicaba muy bien el expresidente de la Generalitat Artur Mas, en una reciente entrevista: “Junts tiene que apretar, pero sin romper el Govern”, decía. “Si no somos capaces de hacer y mantener un gobierno independentista, ¿cómo vamos a convencer a alguien de que vamos a la independencia?”.
Lo que queda meridianamente claro es que ninguna de las fuerzas políticas del bloque de la secesión han renunciado al procés. Los tres partidos del bloque consiguieron un 52% de los votos en los últimos comicios y cada uno tiene su táctica para ostentar el poder y marcar sus ritmos en busca de una nueva Declaración Unilateral de Independencia (DIU). ERC fue quien más empujó hacia el movimiento sedicioso del 1 de octubre de 2017 y el que más pagó las consecuencias tras la bochornosa huida del presidente Carles Puigdemont. Pero también fue el que más votos consiguió del bloque en las elecciones siguientes, que le otorgaron la Presidencia de la Generalitat.
Eso explica, probablemente, la deriva de Junts hacia la vía unilateral (impulsada por el huido Puigdemont desde Waterloo) y que ha provocado la Diada más desunida de las últimas décadas; la de la “discordia”, como se ha bautizado. Desde ese día, los líderes de la derecha independentista se han aliado con la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para presionar a Aragonês para avanzar la secesión, sin demoras. El ultimátum vence a final de este mes, aunque no se espera que se rompa el Govern, sino nuevos escarceos con Puigdemont moviendo los hilos de sus seguidores desde su cómoda posición en Waterloo.
De lo que no cabe duda es que la inestabilidad que reina en el ejecutivo catalán daña sobre todo a los ciudadanos de la comunidad autónoma, que no saben qué presupuestos van a tener, cómo se van a financiar sus inversiones y hacia dónde les llevan sus gobernantes. El último episodio de la expresidenta del Parlament, Laura Borrás, procesada por un delito de presunta corrupción y suspendida de sus funciones, no deja de ser un ejemplo más de la forma de actuar del independentismo: las leyes y las disposiciones judiciales solo se acatan cuando te son favorables, en caso contrario, se las ataca.
Ante esa situación de enorme inestabilidad, ¿qué deben hacer el Gobierno español y los llamados partidos constitucionalistas? Sin negar la vía de la negociación que defiende Sánchez y que al menos ha conseguido apaciguar las embestidas separatistas, el Ejecutivo tiene la obligación de hacer que se cumplan las leyes y las sentencias judiciales. No hay otra vía. Por eso, es inexplicable que los representantes del PSC en el Parlament hayan apoyado la legislación torticera para impedir que se cumpla la sentencia que obligaba a dar el 25% de las clases en español.
Parece que en el PSC y en el propio PSOE no se dan cuenta, o no quieren asumir, que la imposición del 100% de la educación en catalán no es una defensa del idioma de la comunidad, sino claramente un intento de destruir el español. Algo ilegal, además de poco práctico para los niños y los jóvenes que van a llegar con un déficit importante cuando salgan de Cataluña a estudiar o a trabajar. El proceso de inmersión lingüística ya solucionó el supuesto problema de falta de conocimiento del catalán; ahora es una estrategia sectaria.
En cuanto a los partidos de la oposición a la derecha del llamado gobierno progresista de coalición, es urgente una reflexión sobre cómo deben actuar frente a la espiral secesionista que no ha muerto y que, antes o después, volverá a estallar. Ciudadanos nació y creció en la defensa del constitucionalismo en Cataluña, aunque ahora está a punto de morir por sus propios errores. Y el PP, cuya presencia es mínima, debería no dejarse llevar por el extremismo de Vox y plantear una alternativa real que pueda satisfacer a los catalanes que ya están hartos del camino hacia ninguna parte que les ofrecen las fuerzas políticas. Tarea difícil, pero importante.