Tensión máxima en el Poder Judicial

El ultimátum dado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al Gobierno y al PP para que pongan fin al bloqueo del órgano de gobierno de la judicatura sigue sin surtir efecto. Las posiciones políticas están si cabe más alejadas respecto a cómo sustituir a los vocales cuyos mandatos vencieron hace ya casi cuatro años. Tampoco el CGPJ ha cumplido el mandato impuesto por el Ejecutivo para nombrar a dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional en respuesta al cercenamiento de sus facultades para nombrar magistrados decretado por Moncloa. Una situación límite que ha llevado a Lesmes a solicitar un informe técnico sobre cómo debe producirse su sustitución automática en caso de que cumpla su amenaza de dimitir en las próximas semanas y evitar así que el poder judicial quede descabezado. Un plan que presentará al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, quien esta semana visita nuestro país para conocer de primera mano las causas de la anomalía democrática que supone mantener un poder judicial en funciones durante tanto tiempo y con sus facultades mermadas por el Gobierno. Una intromisión que ha situado a España en el punto de mira de las autoridades comunitarios junto a otros países que han tratado de maniatar el poder judicial como Hungría o Polonia. Reynders también se reunirá con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, las asociaciones de jueces y el PP para propiciar una renovación inmediata del CGPJ y lograr garantías de que antes de un año se reforme el sistema de elección de sus vocales, tal como exige la oposición.