Por qué Garamendi retrasa el pacto de rentas
La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, no ceja en su presión a la patronal y a los sindicatos para que firmen un pacto salarial. Un pacto que ayude a moderar la inflación y transmita un mensaje de confianza a la economía nacional y a los inversores internacionales. Bien es verdad que, paradójicamente, al mismo tiempo el Gobierno anuncia un impuesto temporal para las grandes fortunas. Es decir, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se fue la semana pasada a Wall Street a pedir a la meca del capitalismo que invierta en España, mientras presiona a los grandes empresarios nacionales para que tengan la bizarría de aflojar la cartera y financiar sus promesas electorales y sus disparates económicos. Entre ellos, subir todas las pensiones de acuerdo con una inflación que ya es del 10,4%.
Lo mismo que, en principio, querían hacer los sindicatos CCOO y UGT con la aplicación automática de una cláusula de revisión salarial. Bien es verdad que, con la resistencia de los empresarios a semejante disparate, las dos centrales han revisado a la baja sus pretensiones. Es decir, con la aceptación de que la subida salarial sea más moderada.
Los sindicatos saben, además, que el tiempo de la negociación colectiva transcurre en beneficio de la CEOE, que ha hecho su propio análisis interno sobre la situación. Los empresarios conocen que en una crisis económica todo es cuestión de resistir la terciana momentánea de los sindicatos. Al final se impone el pacto de moderación salarial a cambio de la conservación del empleo o del menor recorte del mismo.
Así, en su análisis de la negociación colectiva, los empresarios explican que “si bien es cierto que se corresponde con el comportamiento tradicionalmente negativo del empleo en agosto, la pérdida de afiliados el último día del mes marca el máximo histórico desde 1982 de 409.429 empleos destruidos. La evolución del desempleo y de la ocupación en agosto, con 40.428 parados más y 189.963 afiliados menos, confirman la tendencia a la desaceleración del mercado laboral en línea con los indicadores económicos”. Es más, CEOE ya ha detectado que “esta desaceleración del mercado laboral se advierte desde el mes de abril, en el que se alcanzó una tasa de la afiliación del 5,06%, mientras que en agosto dicha tasa se sitúa en el 3,48%, un punto y medio menos”. Estos datos “reflejan el proceso de moderación de la actividad que venimos indicando en meses anteriores” y el transcurso de la negociación colectiva. Así, hasta el pasado 31 de agosto había firmados 2.540 convenios, con efectos en este año, aunque muchos puedan están vigentes desde ejercicios anteriores. Estos acuerdos dan cobertura a 696.254 empresas y a 7.119.242 trabajadores. Es decir, al 64,72% de los trabajadores cubiertos por convenio. La subida salarial media pactada era del 2,6%. Una cifra que coincide con la propuesta de la CEOE a los sindicatos, y ocho puntos menos que la tasa de inflación actual del 10,4%. Si sólo analizamos los convenios firmados este año; ya con la amenaza de crisis por la guerra de Ucrania y una inflación disparada, hasta el momento, sólo se han firmado 462 convenios, que afectan a 1.141.575 trabajadores, con una subida salarial del 2,9%.
Precisamente, fue el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el que propuso a los sindicatos retomar el acuerdo para la negociación colectiva, ante las demandas de los empresarios de intentar moderar los salarios por el crecimiento de los precios. Sin embargo, la patronal ha descubierto que la dura realidad se está imponiendo en los convenios, y los pactos salariales crecen mucho menos que la inflación. En este contexto, Garamendi se presenta a la reelección en noviembre, y no piensa firmar nada que disguste a los empresarios. Y, además, primero quiere adestrar al Ejecutivo para ver qué hace con la retribución de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional.
La crisis que viene moderará los salarios en los convenios ante el temor de los comités a la destrucción de empleo