Así queda el nuevo mapa empresarial de los VTC
Cabify, Uber y Bolt se enfrentan a 17 legislaciones diferentes tras el fin de la moratoria del ‘decreto Ábalos’. Madrid y Andalucía, las más favorables.
Comienza una nueva etapa para las empresas de VTC en España. El viernes concluyó la moratoria de cuatro años establecida por el real decreto ley aprobado en 2018 por el exministro José Luis Ábalos para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos regulasen las licencias de Vehículos Turismo con Conductor (VTC). De no hacerlo, los vehículos de empresas como Cabify, Uber o Bolt no podrían seguir operando en suelo urbano. Andalucía ha sido la última en aprobar su normativa, hace sólo unos días, muy similar a la de Madrid, que permite una operativa casi idéntica a la que tenían las empresas hasta ahora.
Las comunidades debían pronunciarse sobre estos vehículos y su convivencia con el taxi, lo que ha supuesto conflicto desde que estas aplicaciones comenzaron a desplegarse en España hace ya una década.
Entre las cuestiones más conflictivas: la precontratación, los recorridos mínimos y máximos, los horarios obligatorios, especificaciones técnicas del turismo o la formación a los conductores.
Dos de cada tres licencias
Madrid, Cataluña y Andalucía, que concentran dos de cada tres licencias en España –alrededor de 12.900 de las 17.300 que operan en total–, han legislado y los VTC podrán operar en zonas urbanas, aunque con importantes diferencias dependiendo de la comunidad.
De todas las normativas aprobadas, la que más ha satisfecho al sector del VTC es la de Madrid, como coinciden las grandes patronales Unauto y Aseval. Consideran que supone un respaldo legal para el sector. Los conductores no podrán recoger pasajeros por la calle ni tener paradas, como los taxis, pero se permite hacer transporte urbano y sin criterio de precontratación. Tampoco se obliga a los conductores a volver a la base, y
Andalucía permite la actividad urbana pero exige pruebas de acceso a la profesión
determina lo que es captación y lo que no. La norma andaluza es bastante similar. También permite la actividad en suelo urbano pero, a diferencia de Madrid, añade un requisito en cuanto a la longitud del vehículo para diferenciarlo del taxi y se incluyen pruebas de acceso a la profesión y formación continuada.
Ignacio Manzano, presidente de Aseval, asegura estar satisfecho con la reciente norma andaluza, “aunque estamos preocupados por algunas restricciones desproporcionadas como las medidas de los vehículos. El tamaño mínimo –4,9 metros–, sobre todo en vehículos ECO, ralentizará la electrificación del parque”. “Madrid y Andalucía son las dos comunidades que han adoptado regulaciones menos restrictivas con los VTC. Ambas han respetado las claves que importaban”, explica José Manuel Berzal, presidente ejecutivo nacional de Unauto.
No ocurre lo mismo en el caso de Cataluña, que aprobó la norma más restrictiva con los VTC. Entre otras cuestiones, obliga a una precontratación de 15 minutos y los coches tienen que tener también un tamaño mínimo de 4,9 metros y la etiqueta 0 o ECO. El resto de comunidades ha ido adoptando normativas más o menos restrictivas en estos años [ver mapa]. Mientras País Vasco, Aragón, Cataluña, Madrid, Valencia, Murcia, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria y Navarra cuentan con algún tipo de normativa referente a los VTC; Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura no han legislado.
Sin prórroga
La pregunta es qué pasará en aquellas comunidades que no han legislado. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró hace unos días que no habría prórroga generalizada porque considera que las comunidades han dispuesto de tiempo suficiente.
Pero ocurre que desde la aprobación del decreto Ábalos muchos propietarios de licencias han solicitado formalmente una ampliación a la prórroga de 4 años. La última resolución del ministerio, publicada hace sólo unos días, resolvió únicamente a favor de 95 de las alrededor de 4.000 reclamaciones realizadas. El gobierno argumentó que la mayoría no cumplían con el requisito de que la licencia y el vehículo se hubieran adquirido a partir del 30 de septiembre de 2014. Estas excepciones complicarán aún más el mapa para los próximos años, ya que esas licencias autorizadas por Transportes podrán seguir operando aunque estén en comunidades que no hayan legislado.
Por otro lado, el sector está estudiando solicitar medidas cautelares frente a las resoluciones de ampliación de prórroga y baraja la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la normativa de Cataluña.
Cataluña tiene la legislación más restrictiva, con una precontratación de 15 minutos