El pacto ¿imposible?
Discurren en el escenario político dos, o uno, según se mire, en los que serían intervinientes sindicatos, patronales y Gobierno. Aludimos al Pacto de Rentas y a la revisión del V AENC, compromiso destinado a ahormar la negociación colectiva si no de este año, sí de los dos siguientes.
El primero de los pactos referenciados es extremadamente difícil sin la concurrencia de la oposición política, especialmente el PP, ya que debería afectar a los Presupuestos del Estado, las pensiones, la Seguridad Social y los tributos en general. De otra parte, la política del Gobierno viaja en dirección contraria, anticipándose a los acontecimientos, sobre todo con el populismo exhibido en las últimas comparecencias del presidente Sánchez, destinado a afrontar con ventajas las próximas contiendas electorales; si persiste tal estrategia, el Pacto de Rentas es imposible y se agudizaría la confrontación bipolar con el PP, y, dentro del Gobierno, el PSOE extremaría sus propuestas para competir con Podemos y reducir a una cuota electoral mucho menor de la última los potenciales escaños que consiga Yolanda Díaz en diciembre de 2023.
De otra parte, es más que dudoso que sindicatos y patronales opten, sobre todo los primeros, por uncir sus intereses a la consecución de un inmediato Pacto de Rentas. Es obvio que lo desea la ciudadanía, pero los sindicatos saben de su franca imposibilidad, y, por el contrario, sí satisface sus plenos intereses incentivar la negociación colectiva mediante un compromiso de los empresarios para procurar de manera inmediata un alza de los salarios.
Sin embargo, estos últimos son, entre otras consideraciones, quienes están dificultando la posibilidad de que la CEOE afronte una revisión, con efectos para los próximos tres años del V AENC, extinguido, no lo olvidemos, hace un año, y suspendida o quebrada la negociación hace ya algunos meses.
La inflación asciendió en el último mes al 9%. Descendió de los dos dígitos pero, según todos los augurios, se mantendrá alta durante los primeros meses del próximo año; la media de este año subirá por encima del 6% en la versión más optimista, y más del 8% en la más pesimista. Asimismo, la inflación seguirá presionando a las economías europeas, hasta el extremo de que buena parte de los países de nuestro entorno, incluido Alemania, no crecerán el próximo ejercicio económico, y España un mínimo esperanzador del 1,5% frente al 4,5% previsto para este año. Pero los salarios pactados en convenios colectivos se encuentran muy alejados de la inflación: el 2,6% de incremento frente al 1,5% en 2021, anotando por su relevancia que sólo hasta el mes pasado se han firmado 462 convenios nuevos, frente a 2.078 procedentes de años anteriores y vigentes, lo que totaliza una cifra de afectados que alcanzará los 7 millones, muy lejos de los más de 11 que ofrecían los convenios colectivos negociados con anterioridad a 2019.
Salarios ligados al IPC
De otra parte, frente a la práctica inveterada de hace unos años de garantizar los salarios pactados tomando como referencia el IPC de cada año, los convenios colectivos que siguen asumiendo dicha conveniencia apenas superan el 14%, y los trabajadores afectados exceden unas décimas del 24%. Resulta, pues, natural que estas cifras inquieten a los sindicatos y les fuercen a plantear la necesidad inmediata del V AENC y, en caso contrario, la convocatoria de conflictos en cada uno de los convenios colectivos concernidos por la necesidad de su inmediata revisión como único remedio capaz de defender la necesidad de mantener la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores frente a la inflación galopante existente.
Un dato relevante lo ofrece una muestra salarial extraída de un conjunto de convenios colectivos muy representativos y que ofrece la CEOE: el 31,07% de los afectados por los convenios colectivos de la muestra tienen incrementos salariales entre el 1,51% y el 2%, y sólo el 26,27% han pactado incrementos superiores al 3%.
Los acontecimientos previstos en relación con el incremento del salario mínimo (SMI) no coadyuvan a la concertación social. En efecto, elevar éste hasta los 14.700 euros anuales o los 15.400 anuales si se atiende la petición sindical de fijar dicho salario en 1.100 euros, estrecharía el ámbito de los afectados por los convenios colectivos, ya que el SMI afectaría a más de 3 millones de trabajadores. Tal hecho, y la real reducción de la tasa de cobertura de la negociación colectiva, puede modificar a corto plazo el modelo de relaciones laborales existentes.