Unas Cuentas con demasiados riesgos
El diagnóstico del Banco de España sobre los Presupuestos del Estado para 2023 vuelve a dejar en evidencia el carácter imprudente del proyecto diseñado por el Gobierno de PSOE y Podemos. Aunque la economía española registrará un ligero crecimiento el próximo ejercicio, que la entidad gobernada por Pablo Hernández de Cos cifra casi en la mitad de lo que prevé La Moncloa (1,4% frente al 2,1%), el contexto recesivo en la zona euro aconsejaría extremar el control presupuestario para evitar un desfase. Sin embargo, las Cuentas presentadas por el Ejecutivo disparan el gasto público no productivo de forma muy notable y fían a una mejora histórica de la recaudación tributaria el ajuste. Precisamente, el gobernador del Banco de España alertó del grave riesgo que supone financiar gasto estructural –como las subidas de pensiones y los salarios públicos, que consolidarán en los próximos años– con una mejora de los ingresos que es claramente coyuntural y cuyo origen todavía no es posible determinar con claridad. Según sus cálculos, un 30% de los ingresos fiscales extra no procederían ni de la elevada inflación ni del mayor crecimiento económico, por lo que instó a ser cautelosos en su empleo. Por eso, reclamó que se destinen a reducir el déficit y la deuda pública, lo que permitiría disponer de un mayor margen presupuestario frente a shocks imprevistos. El gran diferencial entre los recursos comprometidos por los gobiernos europeos contra la crisis energética muestra las consecuencias negativas de mantener en el tiempo altos desequilibrios fiscales, como sucede en nuestro país. El supervisor advirtió además de los subsidios para toda la población incluidos en las Cuentas Públicas para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo, que pueden realimentar la inflación, señalando que ahora estas medidas deben jugar un papel completamente distinto al de la pandemia, limitándose a los colectivos más vulnerables. Pero también advirtió respecto a la indexación de las pensiones al IPC, cuyo coste cifró en 15.000 millones de euros en 2023. Este fuerte incremento, junto a la mejora salarial para los empleados públicos, diluirán el efecto del acuerdo implícito entre trabajadores y empresas para repartir los sacrificios derivados de la subida de precios que ha evitado la generación de los temidos efectos de segunda ronda. De ahí que Hernández de Cos urgiese a que ambos, pensionistas y funcionarios, formen parte de un pacto de rentas cada vez más necesario ante la prolongación de la espiral inflacionista.
El Banco de España alerta del peligro de financiar gasto estructural con los ingresos extra