La aportación a planes de pensiones cae un 58% tras su castigo fiscal
El flujo de inversiones pasa de 6.200 millones en 2006 hasta los 2.594 millones de 2021. El IEE estima que el rendimiento es un 60% inferior a la media de la UE tras los límites a los incentivos.
Las aportaciones a los planes de pensiones han caído un 58% tras los castigos fiscales de los últimos años a esta herramienta financiera. En concreto, el flujo de aportaciones era superior a 6.200 millones de euros en el año 2006 –cuando comenzaron los recortes a los incentivos fiscales de los planes–, mientras ahora apenas alcanza los 2.594 millones de euros.
Así lo refleja el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe Por una mejora de los incentivos fiscales a los planes de pensiones. El documento recuerda que el tratamiento fiscal de los planes de pensiones privados individuales ha empeorado significativamente en los últimos años. De hecho, las sucesivas reformas han recortado el límite de aportaciones desde un máximo de 24.250 euros en el año 2006, hasta los hasta los 1.500 euros en la actualidad, pasando por el límite de los 10.000 euros vigentes hasta 2014.
El documento concluye que la capacidad de acumulación de ahorro previsional que ofrece el marco fiscal de los planes de pensiones individuales es de menos de la mitad del promedio de la UE, y hasta un 83% inferior a las mejores prácticas. De esta forma, un contribuyente español que aprovechara al máximo la potencia del marco fiscal español para planes de pensiones individuales percibiría una renta mensual neta durante la jubilación de apenas 464 euros, un 60% inferior al promedio de la UE con idénticas características financieras, que recibiría una renta de 1.166 euros.
“El menor potencial de ahorro de los planes de pensiones individuales en España,
en términos comparados, se explica, tanto por los menores límites fiscales y legales a las aportaciones como por el tratamiento fiscal que tiene lugar a lo largo de la vida del plan, que en España configura un mero diferimiento fiscal, frente a otros países que ofrecen algún verdadero incentivo fiscal”, explica Iñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE. En España, se aplica un régimen EET (Exención, Exención, Tributación), el más extendido en los países desarrollados. Es decir, se exime de gravamen a las aportaciones mediante reducción en base imponible, y también están exentos los rendimientos, trasladando la tributación al momento en el que el capital es recibido como prestación por el partícipe. Sin embargo, a diferencia de otros países del entorno, no opera ninguna exención parcial o ningún tipo reducido en el momento de percepción de las prestaciones, por lo que es un sistema que proporciona un mero diferimiento fiscal.
“Frente a este efecto fiscal neutral existente en España, hay hasta 18 países que configuran un verdadero incentivo fiscal para los planes de pensiones más allá del diferimiento fiscal o de evitar la doble imposición, lo que supone un impacto positivo sobre el rendimiento de dichos planes y una mayor percepción de derechos en la fase de prestaciones”, apunta Gregorio Izquierdo, director general del IEE. “Por tanto, a diferencia de España, la mayoría de los países de nuestro entorno establecen importantes estímulos fiscales a los planes de pensiones”, añade.
Por otro lado, el documento destaca el “reducido” límite que se establece para las reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social sobre las aportaciones que realiza la empresa. Con los datos de 2022, la aportación máxima no sujeta a cotizaciones a la Seguridad Social para la empresa se sitúa en unos 120 euros al mes, 1.400 euros al año. Esta contribución está muy por debajo de los, al menos, 4.250 euros que tendría que aportar la empresa para, en el supuesto de que el trabajador aportara otros 4.250, alcanzar los 8.500 euros de límite.
El IEE recomienda mejorar la tributación de las prestaciones “recuperando el tratamiento como rendimientos irregulares, eliminado en la reforma de 2006, con aplicación del actual porcentaje de reducción del 30%”. Además, pide “elevar la reducción en cotizaciones a la Seguridad Social para las aportaciones realizadas por la empresa, igualándola con el límite fiscal deducible general”.
Las reformas han recortado el límite de aportaciones desde 24.250 euros a solo 1.500