Iberdrola lanza un nuevo plan estratégico
Este próximo miércoles Iberdrola presenta su nuevo plan estratégico para el periodo 2022-2025. El momento no puede ser más oportuno. El entorno ha cambiado enormemente en los últimos meses, agitado por la volatilidad que ha introducido la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta incertidumbre no ha remitido, pero se empieza a vislumbrar un nuevo escenario económico a medio plazo. Estará marcado por la subida escalonada de los tipos de interés para frenar la inflación, los precios altos de la energía y una apuesta acelerada hacia la descarbonización de las empresas con la transición ecológica como gran motor. Iberdrola ha sabido hasta ahora sortear con holgura las turbulencias. A pesar de la volatilidad del mercado y de los golpes regulatorios sufridos en España, mantiene su previsión de beneficios para este año con una cifra de entre 4.000 y 4.200 millones de euros. Es un buen punto de partida para trazar la nueva hoja de ruta, que toda la comunidad inversora espera que se centre en tres pilares: disciplina financiera, remuneración atractiva para los accionistas y crecimiento orgánico sostenido en renovables y redes, con músculo propio y con el nuevo formato de las alianzas que Iberdrola ya ha puesto en marcha con éxito. En el grupo son conscientes de que el nuevo entorno requiere una nueva estrategia financiera. Los tipos de cambio por ahora favorecen a Iberdrola, pero son más volátiles que nunca, y la deuda ya no es gratuita. Habrá que afinar las inversiones para no cometer errores de bulto en ese escenario tan complejo. Para no perder fuelle, Iberdrola va a acelerar la búsqueda de socios estratégicos para desarrollar sus grandes proyectos de renovables, donde la compañía siempre ha marcado la pauta. Ha sido uno de los líderes de la eólica terrestre y quiere liderar también la eólica marina y el hidrógeno, mientras avanza en fotovoltaicas. En el nuevo plan, EEUU es una pieza clave, sobre todo si Iberdrola consigue en 2023 rematar eficazmente la adquisición de PNM Resources. obliga a replicar la composición de los índices bursátiles sin diferenciar entre unas empresas y otras. Pero por otro, el auge de la responsabilidad social corporativa (ESG, por sus siglas en inglés), les va llevando a tomar posiciones en asuntos como la política medioambiental de las compañías, su diversidad o sus políticas de remuneración. Pasar esta tarea a los inversores finales les ahorraría mojarse en estos asuntos. Y al mismo tiempo, ceder los derechos políticos podría liberar a las grandes gestoras de la acusación de tener un peso excesivo en el accionariado de múltiples empresas de los mismos sectores. El aluvión de dinero que ha ido a los fondos de BlackRock y Vanguard en los últimos años les lleva a tomar participaciones significativas en grandes firmas estratégicas de energía y telecomunicaciones en Europa, lo que –según algunos académicos y analistas– puede incrementar la concentración empresarial. Ceder los derechos políticos antes de que los reguladores actúen puede ser la solución más lógica.