Inspectores fiscales y laborales cargan contra la simplificación del ascenso
El acuerdo de Función Pública y sindicatos para reducir el temario y fijar exámenes tipo test en las pruebas de promoción solivianta los cuerpos superiores que temen sufrir “descrédito”.
El acuerdo alcanzado el viernes entre Función Pública y los principales sindicatos de funcionarios para simplificar las pruebas de promoción interna, reduciendo temario y sustituyendo los exámenes por test, ha soliviantado a inspectores de Hacienda y Trabajo, que temen la llegada de nuevos compañeros “no preparados” para asumir sus responsabilidades, “pérdida de independencia” en las actuaciones de estos cuerpos superiores y un “descrédito para la función pública”.
La reforma de los procesos de promoción interna para empleados para la mejora de la carrera profesional de los empleados públicos fue sellada el viernes, en la Mesa General de la Administración General del Estado, entre el Gobierno la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
El objetivo de las modificaciones pactadas, que comenzarán a implementarse progresivamente a partir de la oferta pública de 2022, explicó CSIF, es “aumentar la cantidad de aprobados en fase de concurso/oposición y por tanto que haya el mayor número posible de candidatos que lleguen al citado curso selectivo”. Se pretende, desarrollaba el sindicato mayoritario de los funcionarios, “reducir la elevada cifra de vacantes en los actuales procesos de promoción interna, que en algunos casos dejan sin cubrir más del 70% de las plazas”.
Para ello, en primer lugar, los procesos selectivos contarán con una fase de oposición “con preguntas tipo test”, en la que “se reducirá el temario y los contenidos y se tenderá a unificar pruebas”. A su vez, quedarán exentos de realizar ejercicios que hayan superado en convocatorias anteriores y análogas.
En segundo lugar, se abrirá una fase de concurso, “en la que se valora la experiencia, donde se puntuará los servicios prestados con un 60%, el tiempo consolidado en la Administración General del Estado un 20% y los cursos de formación recibidos de más de 15 horas con otro 20%”, detallaba CSIF.
Por su parte, la promoción al cuerpo más alto de la Administración, el A1, contará además con un curso selectivo que impartirá la propia Administración, que contará con una parte eliminatoria. La prueba piloto se realizará este mismo año para la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.
Según la Administración, entre los cuerpos con menor porcentaje de cobertura se encuentran “técnicos superiores de la Seguridad Social, ingenieros aeronáuticos, ingenieros agrónomos, interventores y auditores del Estado, inspectores de Seguros, ingenieros de Caminos, técnicos superiores de Vigilancia Aduanera, de Tráfico, técnicos de Instituciones Penitenciarias, Inspectores de Hacienda, Trabajo o de la Seguridad Social”. Estos últimos colectivos han sido algunos de los más beligerantes con el acuerdo.
Así, la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) tachó de “malísima idea la de rebajar el listón de exigencia en las pruebas de promoción interna” porque “redundará en un funcionario con altas responsabilidades para las que no está preparado”. Es, resumían en su cuenta de Twitter, “un enorme empobrecimiento de la acreditada capacidad técnica del funcionario” y “un descrédito para la función pública”. “Estos cambios pueden suponer el inicio de la desaparición de la actuación independiente del funcionario, poniendo en riesgo el servicio público. Además, implicarán una sustancial rebaja del nivel de conocimientos y del grado de exigencia en su preparación”, concluían.
Por su parte, el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (Sitss), se mostró “en contra de precarizar el servicio de la Administración Pública, se debe prestar con la mejor calidad y con las pruebas necesarias que lo garanticen y no con un examen tipo test”. “No se trata de facilitar el ascenso, si no garantizar que el servicio sea de la máxima calidad y con los mejores profesionales”, argumentan.
Los inspectores temen que el pacto entre Gobierno y sindicatos “precarice el servicio público”