Los economistas coinciden: el Presupuesto se basa en cifras macro y fiscales irreales
El 92% de los economistas preguntados por EY rechaza las previsiones del plan presupuestario y discrepa de la estratégica económica que plantea para 2023. Siete de cada 10 ven inoportunas las alzas tributarias y de cotizaciones.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 ha logrado un inédito grado de consenso entre los economistas: nueve de cada diez coincide en señalar que las Cuentas Públicas “no contemplan un escenario macroeconómico y fiscal realista”. Así lo recoge la última edición del Pulso Económico Trimestral que EY Insights elabora periódicamente a partir de las opiniones de algunos de los principales expertos económicos y responsables de servicios de estudios del país, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN. La encuesta revela que el 92% del colectivo rechaza las proyecciones macroeconómicas y fiscales que sustentan los Presupuestos Generales para 2023 y que el mismo porcentaje de ellos considera que “no suponen una estrategia de política económica adecuada”.
El diagnóstico de los economistas consultados coincide a grandes rasgos con el que ya emitieron el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su evaluación del proyecto presupuestario ante el Parlamento, en la que advirtieron de que el crecimiento del PIB español en 2023 será del 1,4% o el 1,5%, respectivamente, pero no del 2,1% dibujado por el Gobierno. También le afearon haber infravalorado los ingresos tributarios de 2022 y poner en riesgo la reducción del déficit en 2023 al no haber contemplado en el Presupuesto el coste de prorrogar las medidas dirigidas a paliar la inflación y el impacto de la guerra en Ucrania.
El panel de expertos consultado ahora por EY incluye a Óscar Arce, director general de Economía del Banco Central Europeo; Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España; Ángel de la Fuente, director de Fedea; Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas; Rafael Doménech, economista jefe para España de BBVA Research; Ignacio de la Torre, socio y economista jefe de Arcano; Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank; Antonio Carrascosa, director de la cátedra EY de Estabilidad Financiera de la
Universidad de Navarra, o Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, entre otros. El 90% de ellos se suma a la petición de que el Ejecutivo presente un plan de consolidación fiscal que, aunque no sea de aplicación inmediata, permita reducir el déficit estructural desde 2023. En este sentido, el 84% de los encuestados considera poco o nada prioritario el impulso de los nuevos impuestos
Hay unanimidad en la necesidad de un pacto de moderación de rentas plurianual que frene la inflación
a la banca y las grandes fortunas que ha anunciado el Ejecutivo, mientras que el 69% rechaza la urgencia con que se han incrementado un 8,6% las bases máximas de cotización en el Presupuesto.
Los economistas interpretan que, frente a la encuesta de junio, la situación económica está empeorando, elevándose del 70% al 85% la percepción de que el repunte de la inflación seguirá siendo un problema en 2023, y cundiendo el temor a que la desaceleración retrase la recuperación de los niveles de actividad prepandemia. Si en primavera el 80% esperaba que el hito se lograra en 2023, hoy el 70% apunta ya a que no será hasta el año 2024.
Bajo este contexto, y aunque 8 de cada 10 expertos considera que los incrementos salariales registrados son aceptables –siendo minoría quien alerta de efectos de segunda ronda–, hay unanimidad en torno a la necesidad de alcanzar un pacto plurianual de moderación de rentas del trabajo y el capital que englobe también a pensionistas.
La expectativa en junio era que el PIB prepandemia se retomaría en 2023, hoy apuntan a 2024
A su vez, el 100% de los encuestados secunda una política monetaria restrictiva, el 92% urge a acelerar las reformas e inversiones que faciliten la transición energética y la autonomía de suministro; mientras que el 61% ve prioritario modificar el sistema de tarifas energéticas reguladas para contener el alza de precios. Más división generan las fórmulas de apoyo a los más afectados por la inflación, pues dos tercios abogan por la concesión de ayudas directas, mientras que un 46% considera prioritario apostar por una reducción selectiva de impuestos que rechaza otro 54%.
“En este contexto de incertidumbre, observamos cómo los economistas coinciden en aspectos fundamentales para hacer frente a la crisis, como la necesidad de un pacto de rentas y la introducción de reformas en los mercados de bienes y servicios que suavicen el impacto del shock de oferta derivado de la invasión de Ucrania y que, a su vez, favorezcan la transición y autonomía energética”, resume Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, que considera que “urge alcanzar amplios consensos para ponerlas en práctica”.