Argal duplica beneficios tras elevar su cifra de negocio hasta los 347 millones
Argal Alimentación eleva ventas y dispara su resultado. La empresa cárnica finalizó su ejercicio 2021 con una cifra neta de negocio de 347 millones de euros, un 3% más que un año antes, tras elevar sus ventas en todos sus mercados clave, a excepción de Alemania, y registrar un crecimiento de ventas del 6,5% en la categoría de embutidos curados, según sus cuentas consolidadas publicadas en el Registro Mercantil.
La facturación en España alcanzó los 264 millones, un 1,4% más. Alemania se situó en el segundo lugar por ventas para el grupo, con 29,4 millones (-7,2%); seguido de
Países Bajos, con 17,1 millones (+25%); y Francia, con 6,1 millones (+6,2%).
Argal detalla que destinó 9,3 millones de euros a inversiones durante el pasado año, sobre todo para “nuevas líneas de producción, mejoras tecnológicas y de productividad, sistemas de aseguramiento de la calidad y nuevos productos y presentaciones”.
Su previsión para el actual ejercicio es situar sus inversiones en torno a los 7 millones de euros y lograr un crecimiento en ventas de “aproximadamente un 2%”.
Dispara el beneficio
La mejora de la facturación, unida a la contención de los costes de la empresa –su gasto en aprovisionamientos incluso bajó–, provocó que Argal finalizara el pasado año con un fuerte crecimiento del 72% en su resultado de explotación, que alcanzó los 13,8 millones de euros. La categoría de embutidos cocidos aportó 8,5 millones, el doble que la de embutidos curados.
Su beneficio neto se disparó hasta los 11,3 millones, un 75% más. Su filial Embutidos Monells ganó 7,15 millones.
Argal está controlada por Manusian Family SL. La sociedad ostentaba, a 31 de diciembre, el 53,43% de las acciones del grupo, frente al 41,22% del año anterior, tras adquirir durante el ejercicio 213.505 acciones propias por importe de 6,73 millones. Guembox Inversiones, con un 35,62% del capital, también elevó su participación frente al 27,48% que controlaba un año antes. El resto de inversores ha cedido posiciones en el accionariado.
El grupo suscribió varios préstamos con entidades de crédito por importe total de 17 millones el pasado ejercicio. Su límite total asciende a 91,68 millones.
“La experiencia corporativa, comercial y operativa colectiva de los miembros del Comité Asesor, además de una amplia experiencia comercial y las relaciones gubernamentales ayudarán en gran medida a la compañía a medida que continúa enfocándose en resolver el problema de la actual situación de los permisos y, en última instancia, hacer avanzar el proyecto de Salamanca hacia la producción”, ha explicado Berkeley en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Rafael Miranda es ex consejero delegado de Endesa. Más recientemente, fue presidente de Acerinox y sigue siendo miembro de la junta directiva de Brookfield Asset Management, uno de los mayores fondos de inversión del mundo.
Jaime García-Legaz es un economista, empresario, ejecutivo y académico español. Fue presidente y consejero delegado de Aena y secretario de Estado de Comercio en el Gobierno de España de 2011 a 2016.
Miguel Riaño es socio director de Herbert Smith Freehills en España, especializado en materias de energía,
El negocio exterior y la categoría de embutidos curados impulsan las ventas del grupo cárnico
También contará con Miguel Riaño, director de Herbert en España, su bufete de referencia
infraestructura, recursos naturales, medio ambiente y derecho público.
Bufete de referencia
Herbert Smith Freehills es el bufete de referencia de Berkeley y el que analiza posibles actuaciones legales contra la decisión del Gobierno de parar las licencias de Salamanca.
Entre otras acciones, Berkeley pedirá daños y perjuicios al Gobierno no solo por las inversiones realizadas hasta ahora, sino también por el lucro cesante de la paralización del proyecto, bloqueado tras la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez al poder.
La cuantía a reclamar podría exceder ampliamente los 400 millones de euros. Sería el mayor pleito energético que ha surgido durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
Berkeley lleva años intentando sacar adelante el proyecto, situado en la localidad salmantina de Retortillo, pero fue con el actual Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, contrario a la energía nuclear, cuando se empezaron a torcer los procedimientos para la obtención de los permisos finales. Berkeley cataloga la negativa del Gobierno a los permisos como “arbitraria”.