El tope del 2% a las subidas del alquiler estará vigente todo 2023
La asociación de propietarios Asval denuncia que los arrendadores sufren igual la crisis inflacionista. Este tipo de medidas se han saldado con reducción de oferta y subida de precios.
La medida ya fue aprobada el pasado marzo para aliviar el alza de precios por la guerra de Ucrania
El Gobierno avanzó ayer un poco más en dirección a su propósito de aprobar los Presupuestos Generales del Estado después de que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, confirmara su apoyo a las cuentas públicas. Lo hizo tras haber alcanzado un acuerdo respecto a, entre otras cosas, la prórroga hasta finales de 2023 al límite del 2% para la actualización de las rentas del alquiler. Se trata de ampliar un año más una medida aprobada en marzo con el objetivo de suavizar los efectos inflacionistas causados por la guerra de Ucrania. Muchos contratos de arrendamiento, de renovación anual, se revisan conforme al Índice de Precios de Consumo, que este año cerrará en una media anual del 8,6%, según previsiones de Funcas.
No por esperable la noticia fue menos criticada por los protagonistas del sector inmobiliario, así como por las asociaciones del mismo. La Asociación de propietarios de viviendas en alquiler, Asval, que cuenta en su seno con empresas inmobiliarias así como con pequeños propietarios, intensificó sus críticas. En un comunicado hecho público unas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 horas después del anuncio, Asval calificó de “inaceptable” la decisión, puesto que prorroga una medida que “supone la privación del derecho de propiedad a más de dos millones de propietarios de vivienda en alquiler en España”. Asval recordó que el Gobierno puso en marcha esta medida con carácter “temporal y excepcional”, algo que entiende incompatible con el hecho de que, como mínimo, estará en vigor durante más de año y medio, siempre que no se apruebe otra futura prórroga. La asociación argumentó, asimismo, que “los propietarios también sufren los rigores de la inflación y ven aumentar sus facturas por el incremento de precios. Son particulares con una o dos viviendas que las destinan al alquiler de vivienda de uso habitual para completar sus ingresos o su pensión”.
Cabe señalar que una medida de este calado influye en la oferta de vivienda en alquiler, puesto que se trata de un sector sensible a este tipo de cambios. Los intentos regulatorios en este mercado suelen saldarse con una disminución de la oferta y un aumento de precios. El propietario, para evitar verse afectado por medidas así, deja de alquilar su vivienda y plantea venderla o, si está situada en una zona de gran intensidad turística, pasarla a esta modalidad de alquiler.
El mercado catalán es una muestra de ello: la ley de vivienda de la Generalitat, que limitaba los precios y que acabó siendo anulada por el Tribunal Constitucional, provocó la espantada de muchos propietarios. La oferta disminuyó y los precios aumentaron considerablemente.
Desde el portal inmobilario Idealista señalaron, además, que “se trata de una medida que desequilibra la situación entre los inquilinos actuales y los futuros: resultará beneficiosa para todas las familias que ya viven de alquiler pero tendrá consecuencias nefastas para aquellas otras que lo buscan o buscarán en los próximos meses”.