El Gobierno ata el aval al Presupuesto tras pactar con Bildu y PDeCAT

torno de las 292.000. Y lo normal es que siga creciendo, de nuevo por un motivo relacionado con la oferta y otro con la demanda. El de la oferta tiene que ver con que parte de los propietarios, ante la prórroga hasta finales del año que viene de la actualización del alquiler (ver información de la derecha), decidirán sacar su vivienda del mercado tradicional para pasarlo al turístico.

En cuanto a la demanda, se prevé que 2023 sea el año de la recuperación definitiva del sector, cuando España aspirará a reeditar el récord de 83,5 millones de visitantes extranjeros marcado en 2019. La plataforma de reservas de alojamiento Booking ha detectado que usuarios de Colombia, Gran Bretaña, Canadá o China tienen a España como uno de sus destinos de cabecera para el año que viene.

A juicio de Exceltur, el gran crecimiento de viviendas de uso turístico en la última década sólo puede definirse como un “desmadre” que puede tener consecuencias imprevisibles no sólo para el sector, sino también para el mercado de la vivienda. En concreto, el informe desvela que en las zonas más tensionadas por la vivienda de uso turístico, los precios crecieron un 9% en el mencionado periodo entre 2010 y 2019.

Además, para el tejido empresarial turístico, la diferencia entre modelos es palpable: el gasto medio por visitante es menor que entre aquellos que se hospedan en alojamientos regulados, mientras que la generación de empleo también es más baja. Por ello, la patronal pide un decreto-ley que, entre otras medidas, regule esta figura. Porque, en opinión de Escarrer, la vivienda turística promueve una “masificación que no es la adecuada, esas ciudades pierden su identidad y se convierten en auténticos parques temáticos”.

En las 20 ciudades más destacadas del país es el doble de rentable que el alquiler tradicional

La patronal del sector pide un decreto-ley que regule esta modalidad turística

Previo a la pandemia, en Barcelona había más plazas en viviendas turísticas que en hoteles

El Gobierno afronta mañana una votación parlamentaria clave para definir cómo despedirá la legislatura, la de la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 en el Congreso de los Diputados, y está decidido a no arriesgarse a dejar nada al azar. Para ello, el Ejecutivo de coalición ofreció ayer nuevas concesiones a los diputados de Bildu, PDeCAT y ERC a cambio de su apoyo, logrando un acuerdo definitivo con los dos primeros grupos mencionados que ya le garantizan un mayor número de votos a favor que en contra de las Cuentas Públicas.

El hecho de que el proyecto presupuestario se vote en cuatro bloques diferentes, desde el pasado lunes hasta que mañana se celebre la votación final, ha obligado a los grupos a ir poniendo sus cartas sobre la mesa para garantizarse la aprobación de sus enmiendas parciales. De esta forma se ha revelado que, a dos días de la votación definitiva, el bloque alineado con el Gobierno de coalición suma ya 174 votos favorables al Presupuesto, lo que arroja una mayoría simple suficiente para sacar adelante el proyecto teniendo en cuenta que el Congreso de los Diputados cuenta aún con 349 escaños ocupados al permanecer vacío el de Alberto Rodríguez. Se trata, concretamente, de los diputados de PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1). A su vez, el Gobierno cuenta con el rechazo frontal de 154 diputados, los de PP (88), Vox (52), Ciudadanos (10), Junts (4), Foro Asturias (1), CUP (2) y los dos diputados de Navarra Suma que fueron expulsados de UPN. Mientras que el BNG ha avanzado su abstención, el diputado de Teruel Existe y los 13 miembros de ERC mantienen su pulso al Ejecutivo para lograr nuevas concesiones antes de ratificar el apoyo que se espera que acaben dando al proyecto presupuestario.

De momento, el acuerdo cerrado con Bildu supone la prórroga del límite del 2% a la revalorización de los alquileres durante 2023; el aumento del 15% en las pensiones no contributivas del próximo ejercicio; la transferencia de las competencias de tráfico a Navarra y nuevas inversiones en el País Vasco. El PDeCAT, por su parte, logró la gratuidad del autobús de concesión estatal durante 2023 y 40 millones más de inversión para Cataluña. Por su lado, ERC ha logrado de momento una

transferencia de 900 millones para infraestructuras, incluyendo obras de mejora en la N-II (384 millones), la conectividad de la AP52 y la AP7 (250 millones), el transporte metropolitano de Barcelona (40 millones) o el Catalunya Media City (60 millones), detalla Efe.