La cerrazón activista de Podemos
Una de las formas de medir el deterioro de un país es la calidad de sus leyes e instituciones públicas. La deriva de la legislatura actual es muy preocupante. El penúltimo episodio, nunca se puede dar por sentado que no habrá más con este Gobierno, es el anteproyecto para modificar el Código Penal sobre maltrato animal que promueve el Ministerio de Ione Belarra. Como otras leyes que tienen el sello de Podemos (la del sólo sí es sí, la de vivienda o la Ley Trans), parte del activismo y está diseñada para contentar a los activistas, aunque sea a costa de atropellar la lógica jurídica. El dictamen que discutirá mañana el Consejo General del Poder Judicial, redactado por una vocal progresista, no uno de esos jueces fachas y machistas que según Podemos ejercen de contrapoder al Ejecutivo, saca a la luz las graves deficiencias de la nueva regulación animalista para equiparar la protección de los animales con los derechos de las personas. Por ejemplo, en la proporción de las penas impuestas al introducir nuevos agravantes que pueden aumentar el castigo y derivar en que tenga el mismo castigo lesionar de manera leve a una mascota que a una persona, e incluso que maltratar a la mascota de una pareja o expareja por venganza pueda conllevar más pena que una agresión leve a esa persona. También advierte de que las nuevas penas por provocar la muerte intencionada de un animal se solapan con delitos ya tipificados para proteger a la fauna. O que la pretensión de la ley de acabar con la supuesta impunidad de los maltratadores de animales choca con mantener las multas como alternativas a la cárcel. Sin embargo, ni estas advertencias ni otras similares harán desistir a Podemos en su cerrazón activista. Porque su objetivo no es mejorar las condiciones de vida de la gente o, en este caso, de los animales, sino imponer su visión ideologizada y alienante de la sociedad. Por eso, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos la ley no ha sido redactada por expertos veterinarios ni emana del Ministerio de Agricultura, sino por puros activistas. Y por eso se atreven a pedir a los jueces –la mayoría, mujeres– que han rebajado las condenas a algunos agresores sexuales aplicando la ley del sólo sí es sí que se “formen”. Esto es, que asuman la doctrina marcada por el Gobierno ignorando los fallos de la norma o se arriesguen a ser acosados desde el poder Ejecutivo. En vez de rectificar las evidentes lagunas de la norma, la mejor idea que ha tenido la delegada del Gobierno sobre Violencia de Género, la jueza en excedencia Victoria Rosell, fue decir a los medios que no informen sobre las peticiones de rebaja de penas. Sobre todo esto Sánchez se puso ayer de perfil en el Senado, dejando en evidencia que, para mantenerse en el poder, accede a cualquier barbaridad legislativa que le exijan sus aliados, sea Podemos con el animalismo, sea ERC con la rebaja ad hoc del delito de la sedición para beneficiar a Junqueras a cambio de su apoyo a los Presupuestos del Estado para 2023. Una sumisión que escuece a los barones del partido, causa perplejidad a gran parte de su electorado y fuerza a los socialistas a tener que hacer auténticos malabarismos parlamentarios. Para enmendar la Ley del bienestar animal, el PSOE ha tenido que recurrir incluso al PP para excluir a los perros de caza, los toros, los animales de laboratorio, los empleados por las fuerzas de seguridad o las aves de cetrería de los derechos que quieren atribuir sus aliados a las mascotas como “seres vivos y sintientes”. Y para frenar el escándalo social creado por las consecuencias de la chapuza jurídica de la ley del sólo sí es sí, el fiscal general del Estado ha salido al rescate con una circular fijando los criterios a seguir al revisar las penas, ahorrando al Gobierno una ruborizante autocorrección. Como dijo el propio Sánchez en una entrevista radiofónica: ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso.