Rusia amenaza con recortar el envío de gas a través de Ucrania
El monopolio ruso de exportación de gas Gazprom advirtió ayer de que comenzará a reducir el suministro de gas para Moldavia a través de las canalizaciones que cruzan Ucrania tras detectar que parte del flujo de combustible destinado a los consumidores moldavos no ha salido de territorio ucraniano.
En este sentido, la compañía estatal rusa alega que el volumen de gas suministrado a través de la conducción de Sudzha para el tránsito hacia Moldavia a través de Ucrania “supera el volumen físico transmitido en la frontera de Ucrania con Moldavia”.
Según sus estimaciones, ayer el volumen de gas ruso realmente suministrado, con respecto al cual se violó el pago de los suministros corrientes en noviembre, fue de 24,945 millones de metros cúbicos, elevando el volumen total acumulado en territorio de Ucrania hasta 52,52 millones de metros cúbicos de gas.
De esta manera, Gazprom advirtió de que, mientras continúe el desequilibrio detectado en el tránsito de gas para Moldavia a través de Ucrania, a partir del 28 de noviembre “comenzará a reducir el suministro de gas a Sudzha” para el tránsito a través de Ucrania en la cantidad que no está llegando a los consumidores moldavos. Más tarde, el operador de gas ucraniano, la empresa GTS, ha especificado que, con ello, Gazprom busca “manipular los hechos” con el objetivo de justificar su decisión de limitar el suministro de gas a los países europeos, según ha informado la agencia de noticias Interfax.
En este sentido, la responsable de GTS encargada de la cooperación con organizaciones internacionales, Olga Bielkova, explicó que todos los volúmenes aceptados en el punto de entrada Sudzha para su posterior traslado a consumidores moldavos se hicieron desde los puntos de salida de Ucrania.
“Esta no es la primera vez que Rusia recurre al uso del gas como herramienta de presión política", indicó, agregando que la empresa gasística rusa interpreta las reglas marcadas en los puntos de conexión interestatal “como una violación de las obligaciones contractuales” con “fines políticos, no comerciales”.