El Gobierno malgasta el exceso de recaudación

El prolongado episodio inflacionista está facilitando sobremanera al Gobierno tanto la financiación de las ayudas para mitigar el impacto de la crisis energética como el ajuste del déficit y la deuda pública. Hasta el punto de que el Tesoro ha podido cancelar la última subasta del año, prevista para diciembre, debido a las menores necesidades de recursos ajenos. Hasta octubre, los ingresos tributarios del Estado aumentaron un 17%, lo cual equivale a 32.000 millones de euros adicionales. Un alza muy superior a la esperada por el Ministerio de Hacienda para el conjunto del año –unos 21.000 millones– que, sin embargo, no se han destinado a aliviar la elevada presión que soportan las familias y empresas. Al contrario, el Gobierno ha creado nuevas figuras fiscales para cargar sobre determinados sectores (la banca y las energéticas) el coste del denominado “escudo social” con el pretexto de los beneficios extraordinarios obtenidos por estas empresas. Una artimaña política con la que poder destinar el grueso del exceso de recaudación generado por la histórica subida de los precios a gasto populista enfocado a lograr el favor de pensionistas, funcionarios y jóvenes. Este clientelismo con fondos públicos conlleva una importante pérdida de competitividad de nuestra economía, que en 2021 ya fue la que registró un mayor aumento de la presión fiscal, del triple que la media de los países de la OCDE, hasta llegar al 38,4%. La diferencia es más apreciable incluso respecto a la cuña fiscal del empleo, casi 11 puntos superior en España que la media de las economías más industrializadas, lo cual explica que la tasa de paro en nuestro país se mantenga de manera invariable sensiblemente por encima de los países homologables pese a la mejora sostenida de la ocupación en el último año. El Ejecutivo sólo ha rebajado la carga fiscal sobre las facturas de la electricidad y el gas, lo que sin embargo no ha impedido que se disparen los ingresos por IVA, como también en el IRPF por su reiterada negativa a deflactar las tarifas del impuesto, como le han demandado tanto las empresas como la oposición. Y tampoco el esfuerzo de consolidación fiscal es reseñable, pues la rebaja del desequilibrio presupuestario no ha supuesto reducir el déficit estructural (descontado el ciclo) como reclaman las autoridades europeas para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo. Por eso el Banco de España reclama iniciar cuanto antes el necesario proceso de ajuste fiscal para reducir la vulnerabilidad de nuestra economía frente a potenciales shocks imprevistos.

Los mayores ingresos no han servido para aliviar la carga de impuestos ni reducir el déficit estructural