¿Cambiar el diseño del mercado energético?
Imagino que ustedes, como yo, estarán cansados de debates sobre la crisis energética. No obstante, como que no acaba, tiene sentido dar un vistazo a las respuestas de los poderes públicos e intentar sacar alguna conclusión. Veremos que no era fácil acertar en la diagnosis, que el enfoque de reguladores y gobiernos es distinto, que no hacer nada no es una opción y que, a falta de soluciones perfectas, las hay transitorias; pero que unas son mejores que otras.
Los reguladores energéticos europeos pronosticaron en noviembre de 2021 que se trataba de un incremento de precios coyuntural que en el mes de abril siguiente desaparecería. Obvio es decir que estaban equivocados. También que no era fácil prever la invasión de Ucrania. La posibilidad de que una medida regulatoria nueva tenga efectos imprevistos inclina a los reguladores a esperar. El temor de que para resolver una crisis coyuntural se dañe estructuralmente un edificio a medio construir, el mercado interior europeo de energía, les aconseja que, en caso de duda, mejor abstenerse. Pero los gobiernos, confrontados con una inflación al galope y empresas abocadas a cerrar, no se lo pueden permitir.
Tras ensayar, de urgencia, un coctel que no puede prolongarse indefinidamente, bajar impuestos y dar ayudas, se discuten dos medidas: topes de precios e impuestos sobre beneficios extraordinarios. Asumiendo que, a priori, ambas son coyunturales, hay que plantearse cuál contribuye más y mejor a la resiliencia del sistema. Es decir, a resistir al shock, de un lado, y a permitir al sistema energético continuar su desarrollo; inspirado por los principios de asequibilidad, seguridad de suministro y sostenibilidad ambiental, que exigen transacciones; pero sin que dar prioridad a uno de ellos suponga la desaparición de los otros.
No todos los topes son idénticos. Una cosa es limitar el precio del gas importado. Tendrá éxito si los vendedores no encuentran compradores alternativos. Otra, la llamada “excepción ibérica”, que nos ha ahorrado parte de la factura que hubiéramos tenido sin ella. Justo es reconocerlo. Pero no es la panacea universal. Restringe el precio de la electricidad vendida en el mercado mayorista, determinado por el gas, que cobrarán las otras tecnologías (hidráulica, etc.); pero no puede eximir de compensar a los ciclos combinados por el precio del gas empleado. Si lo hiciera, estaría empujándolos a la quiebra al pedirles que soportaran costes por encima de sus precios. Por esta compensación, los productores tienen un incentivo para quemar gas, lo que va contra la sostenibilidad ambiental y de la asequibilidad económica. Además, impide la entrada de nuevas tecnologías, necesarias para la transición energética, con precios superiores a los bajados artificialmente.
El tope también tiene efectos inflacionarios. Todas las ofertas tienden a aproximarse al mismo tanto como puedan. Son especulativas, sin atender a sus costes reales de producción. En definitiva, las asimetrías de información y de poder entre los operadores del mercado y los consumidores aumentan a favor de los primeros, ya que hay menos incentivos para que compitan entre sí.
Hay otras técnicas de intervención pública. Los impuestos sobre los beneficios extraordinarios fruto de la guerra, que no dependen de la organización ni de las inversiones empresariales efectuadas, y la redistribución a través de políticas de gasto. Las hay razonables, como ayudar a los transportistas; pero no tengo claro que lo sea subvencionar la salida de fin de semana en coche.
El dúo impuesto-gasto consigue el mismo efecto de atenuar el impacto de la crisis sin interferir en la fijación de los precios ni maquillar los costes, a condición de que los beneficios sean reales, que pague quien los obtiene y que reciba la ayuda quien la necesita. Por cierto, las grandes energéticas, pese a la impopularidad ganada por méritos propios, por ejemplo, con la poca agilidad en los cambios de tarifa libre –más cara– a regulada, no siempre son quienes se lucran con los precios desbocados. A menudo, el gran beneficiario es el agente que, sin producir energía, participa en los mercados de futuros a través del aseguramiento financiero. Alemania ha gastado 30.000 millones de euros para rescatar, por eso, a la compañía Uniper. De ahí que haya que acertar en el diseño del tributo y mejorar la coordinación entre reguladores energéticos y de los mercados financieros. En Reino Unido, la misma ley ha tenido un coste cero para Shell y 800 millones de dólares a BP por una producción equivalente.
Tecnología y competencia
La competencia es la gran olvidada cuando el poder público establece precios. Gracias a ella tenemos, por ejemplo, mejores y más baratos servicios de telefonía que cuando era un monopolio público. Una competencia que la tecnología hace más fácil en el sector energético, a condición de que la regulación lo permita. Por dar ideas, modificar la reglamentación que permita a los polígonos industriales constituir comunidades energéticas para generar, comprar y vender energía con facilidad. Hoy, sujeta a restricciones de distancia y técnicas que favorecen mantener el statu quo e impiden que millones de kilovatios entren en el mercado.
Las bases del diseño del mercado eléctrico han de cambiar. Hasta ahora, tienden a asegurar oferta suficiente para atender una demanda incierta, con incentivos a la producción. Cuando la generación deviene menos gestionable por la intermitencia de las renovables, los que han de ser más gestionables son los recursos del lado de la demanda: almacenamiento, flexibilidad en el consumo, etc. Incentivarlo, no es fácil. Ha de pensarse y prever, antes de que ocurran, los efectos colaterales. Compremos tiempo con un impuesto. Puestos a ser radicales, aumentemos la competencia en los mercados energéticos, español y europeo, y no tiremos por la borda treinta años de integración, aunque lenta e imperfecta.