Acertada simplificación del acceso a los Perte

El despliegue de los fondos europeos ha topado con numerosos obstáculos burocráticos. A pesar del procedimiento simplificado diseñado por el Gobierno para agilizar el reparto de los recursos, las empresas denuncian que éstos no terminan de llegar al tejido productivo. Un retraso que achacan a los cuellos de botella generados en las comunidades autónomas, que distribuirán el 50% del total de las ayudas, pero también por las condiciones impuestas para entrar en los planes específicos de inversión en ciertos sectores. Tras el conato de fiasco del Perte del vehículo eléctrico, que obligó al Gobierno a modificar de manera improvisada las condiciones para participar en el mismo y elevar las ayudas previstas con el fin de evitar que varias multinacionales del automóvil se descolgaran, ahora Moncloa ultima la simplificación de las exigencias financieras para que las empresas accedan a los grandes programas de cooperación público-privada. La rebaja del importe de los avales exigidos a las compañías beneficiarias de fondos europeos constituye un acertado paso para facilitar el despegue de los proyectos estratégicos. Hasta ahora se exigía a las empresas presentar garantías financieras equivalentes al 100% de las ayudas a recibir, un requisito inasumible para muchas empresas en el actual contexto de fuerte aumento del coste de la financiación, especialmente las de menor tamaño. La modificación que prepara el Ejecutivo rebajará esta a una horquilla entre el 20% y el 60% de los fondos solicitados en función de la solvencia de cada compañía, tal como habían reclamado las asociaciones empresariales en las últimas semanas. Las ayudas del Fondo de Recuperación constituyen una inyección de recursos públicos para la que no hay precedentes en la historia reciente de nuestra economía, por lo que es entendible que se produzcan problemas en su despliegue. El Gobierno debe ser capaz de detectar y solucionar rápidamente esos obstáculos para que los fondos den el impulso deseado al crecimiento y a la transformación del tejido productivo. Según la vicepresidenta Nadia Calviño el mayor impacto de los mismos se producirá entre el próximo año y 2025, con una aportación media al PIB anual de 2,6 puntos porcentuales, lo que aumenta la importancia de desatascar los cuellos de botella en la Administración Pública que han paralizado, por ejemplo, la puesta en marcha del Perte agroalimentario, pese a que fue aprobado el pasado mes de febrero.

El Gobierno debe ser capaz de despejar los obstáculos hallados en el despliegue de los fondos de la UE