Pedro Sánchez, ante el otoño del desencanto
El Gobierno es consciente de que inicia el curso político a remolque de la crisis energética. A pesar de que logró sacar adelante la semana pasada en el Congreso de los Diputados el decreto de ahorro energético y otras normas pendientes, recibió la crítica unánime de los grupos parlamentarios por no negociar previamente las medidas y por la insuficiencia de las mismas para hacer frente a un otoño de precios aún muy elevados. También quedó patente la desconfianza de sus aliados parlamentarios –PNV, ERC y Bildu– por las promesas incumplidas a lo largo de la legislatura, lo que junto a la proximidad en el horizonte de las elecciones autonómicas y municipales de mayo encarecerá su apoyo a Pedro Sánchez en la recta final de la legislatura. En el seno de la coalición se aventuran tensiones debido a la campaña del PSOE para tratar de recuperar terreno en las encuestas arrogándose las principales iniciativas aprobadas por el Ejecutivo y el perfil más radical adoptado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, otrora adalid del diálogo social, instando a los sindicatos a manifestarse contra la patronal para que se avenga a un pacto para volver a subir el salario mínimo en septiembre. Una medida que chocaría con el pacto de rentas que promueve la vicepresidenta Nadia Calviño para no reavivar una inflación desbocada, la más elevada entre las grandes economías de la zona euro. Pero, sin duda, el verdadero caballo de batalla interna entre PSOE y Podemos serán los Presupuestos para 2023, en los que la formación liderada por Ione Belarra quiere introducir nuevas medidas intervencionistas sobre la vivienda, además de reclamar que se derogue la que llaman Ley Mordaza. Tampoco será sencilla la negociación con sus socios dado que la desaceleración económica y el empeoramiento del contexto internacional por la crisis energética dejan menos margen para regalías que otros años y obligarán a tomar medidas más severas que las adoptadas hasta ahora, que seguramente no serán del gusto de los populistas. En la recta final de la legislatura, Moncloa deberá encauzar medidas pendientes para recibir los próximos tramos de ayudas europeas, como la segunda parte de la reforma de las pensiones o la revisión del sistema fiscal. Una exigente agenda para la que Sánchez debería buscar el consenso con la oposición para ofrecer una imagen de estabilidad institucional ahora que los inversores vuelven a examinar con lupa a las economías de la zona euro.
La crisis energética y la desaceleración condicionarán el margen de actuación del Gobierno