La ofensiva fiscal del PP como pulso al Gobierno
El PP acaba de terminar de perfilar el ariete con el que busca, a la vez, socavar al Ejecutivo de coalición, presentarse como alternativa de Gobierno y terminar de vertebrarse internamente tras la guerra fratricida que culminó con la elección por aclamación de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder. Se trata de una ofensiva fiscal en toda regla impulsada de forma coordinada en todas las regiones que gestiona pero que tiene una especial relevancia en la nueva entente GaliciaAndalucía-Madrid, que conforma el tridente con el que Génova prevé acometer los comicios autonómicos y locales del próximo mes de mayo y las Elecciones Generales previstas para finales de 2023.
No es casualidad que la puesta de largo de la propuesta económica del PP de Feijóo frente a la crisis inflacionista, la presentación del documento
Plan en defensa de las familias y la economía de España que se remitió a La Moncloa en abril, se hiciera desde un atril rotulado con una breve declaración de intenciones: “menos impuestos”. El plan contenía como medida estrella la propuesta de adecuar el IRPF al alza de los precios, deflactando la tarifa de los primeros tramos (hasta 40.000 euros), para evitar la subida de impuestos encubierta que provocan el aumento del IPC y los salarios, explicó entonces el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo. Días después, Bravo anticipó a EXPANSIÓN que si el Gobierno central se negaba a deflactar el tributo, todas las comunidades gobernadas por el PP tomarían medidas en el ámbito de sus territorios.
Así, mientras que el Ejecutivo ha abrazado iniciativas planteadas por el PP, como las rebajas del IVA de la luz y el gas al 5%, de momento se ha negado a deflactar el IRPF alegando que los ingresos son necesarios para atender a los colectivos más afectados por el alza de precios. El PP, que replica que los 22.300 millones de euros de recaudación adicional logrados hasta julio dan sobrado margen de maniobra, elevó el debate al Congreso de los Diputados, donde erosionó los tradicionales apoyos del Gobierno con una iniciativa que no salió adelante por solo cuatro votos.
En paralelo, las regiones del PP han movido ficha anunciando diferentes rebajas fiscales. El último movimiento fue el protagonizado ayer por el presidente andaluz, Juanma Moreno, apoyo clave para entronizar a Feijóo y el barón autonómico de referencia del partido tras la mayoría absoluta que logró en junio. Moreno anunció que deflactará el IRPF autonómico de los tres primeros tramos al 4,3% y bonificará al 100% el Impuesto de Patrimonio, lo que supone su desaparición de facto. No escondió que busca competir con Madrid, la única comunidad que hasta la fecha sorteaba totalmente el cobro del impuesto a las grandes fortunas. El paso termina de articular a escala nacional la apuesta del PP por las rebajas de impuestos generalizadas, respaldando el discurso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, indudable reclamo electoral del PP, a la vez que diluye su carácter de verso libre. Madrid, en todo caso, no ha perdido fuelle en la carrera por la rebaja fiscal y tras acometer una reducción de medio punto en cada tramo deflactará la tarifa ya en 2022 y amplía la rebaja de Sucesiones. Galicia, que la sombra de Feijóo convierte en el tercer vértice del nuevo PP, ya pasó a bonificar Patrimonio al 25%, y, al igual que Castilla y León, opta por rebajar el IRPF para contrarrestar la inflación.
La batería de medidas impulsada por las regiones del PP supone todo un pulso al Gobierno central, que ahora presume de haber aprobado la mayor de las rebajas fiscales, de unos 12.000 millones sobre la factura energética, estima. Frente a esta estrategia, la deflactación del IRPF es una medida con amplios apoyos que ayuda sobre todo a las rentas bajas (aunque todas pasan por los tramos inferiores de renta) pero la reducción de tributos autonómicos del PP brilla menos ahora que Hacienda ha suspendido una reforma fiscal que los equipararía al alza y adolece del lastre electoral de beneficiar más a las grandes fortunas. La bonificación de Patrimonio ahorra al año 992 millones a las 18.200 mayores fortunas de Madrid y reducirá en 360 millones la carga de las 16.800 de Andalucía. El argumento del PP es que esas rebajas atraen a grandes inversores y, a la larga, elevan la recaudación.
Está por ver si los ciudadanos aprecian más la rebaja fiscal del Gobierno o las del PP en los próximos comicios, pero unos y otros deben recordar que a medio plazo sus planes serán analizados también por Bruselas, que hoy insta a tomar medidas para paliar los efectos de la inflación pero que acabará pidiendo reequilibrar las cuentas públicas tras el duro impacto de la pandemia.