Cataluña impone 57 sanciones a grandes propietarios de pisos
VIVIENDA/ Las multas por no ofrecer alquiler social a personas vulnerables en desahucios asciende a 1,7 millones en total.
La Generalitat de Cataluña ha impuesto 57 sanciones a grandes propietarios por no ofrecer alquiler social a personas vulnerables que iban a ser desahuciadas, como contempla la última ley de vivienda catalana. El director de la Agencia Catalana del Consumo (ACC), Francesc Sutrias, explicó ayer en rueda de prensa que los expedientes se han saldado con sanciones de 30.000 euros, aunque la ley prevé un máximo de 100.000 euros. El alto cargo del Govern indicó que se ha optado por un criterio de “prudencia en su aplicación y seguridad jurídica”, si bien afirmó que no le temblará la mano a la hora de sancionar con más dinero. En total, el conjunto de multas asciende a 1,7 millones de euros.
La ACC ha abierto 141 expedientes sancionadores a grandes tenedores de viviendas desde la entrada en vigor de la normativa en marzo, por lo que todavía tiene varias decenas por resolver. La Generalitat planea reforzar el equipo de inspectores, hasta elevar la capacidad de análisis a 100 expedientes por mes durante dos años. “Tenemos el marco legal desde el año 2015 y nuestra determinación es aplicarlo y concienciar a la ciudadanía de sus derechos”, afirmó el conseller de Empresa, Roger Torrent.
La Ley 1/2022 del Parlament
de Cataluña, que amplía la 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, obliga a los grandes tenedores de viviendas como bancos y fondos de inversión a ofrecer un alquiler social a aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad antes de desahuciarlas o si mantienen las viviendas vacías durante más de dos años. Como gran tenedor, la normativa considera a cualquier propietario con más de diez viviendas en cartera. Entidades sociales como la PAH o el Sindicato de Inquilinos lleva meses denunciando el incumplimiento.
La normativa se encuentra actualmente recurrida tanto por el PP como por Vox en el Tribunal Constitucional, que ya ha admitido a trámite los expedientes. Estos grupos, así como varias organizaciones de propietarios de vivienda, señalan que la Ley 1/2022 recupera y amplía varias medidas del decreto ley 17/2019, que fue anulado por el alto tribunal al considerar que se vulneraban los límites de regulación del mercado.
El Constitucional también tumbó recientemente la ley que limitaba los alquileres en Cataluña. Ante esta situación, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, apremió ayer al Gobierno a sacar adelante una ley de ámbito nacional. En este sentido, la líder de los comunes advirtió que sus diputados en el Congreso no aprobarán ninguna normativa que no contemple limitaciones a los incrementos de rentas. “Conseguir regular los alquileres es crucial”, afirmó en una entrevista en TVE.
Por otra parte, la Generalitat pidió ayer por carta a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la cesión de los pisos propiedad de Sareb, la sociedad que gestiona los activos inmobiliarios traspasados por la banca en 2012, en Cataluña que se puedan destinar a vivienda social. El Govern recuerda en la misiva que es una petición “explícita” y que es compartida por otras comunidades autónomas.
Precisamente, el Congreso debate hoy, martes, la propuesta de Podemos para modificar el régimen jurídico de Sareb, y convertirla en un ente público y destinar las viviendas que conserva al alquiler social. La iniciativa también prevé convertir los 72 millones de metros cuadrados que posee en desarrollo y finalista en vivienda pública destinada a alquiler social.
Los expedientes son de 30.000 euros, pero pueden alcanzar un máximo de 100.000 euros