Crisis en la Fiscalía: los límites del pudor

Dolores Delgado se ha ocupado de demostrar con denuedo que el pudor es un sentimiento en desuso al borde de la extinción y que, ante sus etéreas convicciones, la Fiscalía no era una institución férrea capaz de sostener los sólidos principios que fundamentan la libertad en una democracia madura sino una amalgama de cartón piedra que se desvanece con la humedad que proporciona la ideología. La exministra de Justicia y pareja de Baltasar Garzón ha sido ascendida por el sucesor que ella misma nombró al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, con el criterio en contra del Consejo Fiscal, un órgano elegido democráticamente en listas abiertas.

Para el puesto al que optaba Delgado había una veintena de candidatos, en su mayoría mejor preparados y algunos con méritos incuestionables, que se han quedado a la intemperie porque, entre los nuevos criterios de regeneración que maneja este Gobierno, el servicio inquebrantable a los intereses de Pedro Sánchez –el mismo que siempre tuvo claro de quién dependía la Fiscalía– pesa más que cualquier desempeño profesional, por ejemplar que sea. El Gobierno ya quiso en su día garantizar por medio de una enmienda en la Ley que Dolores Delgado accediera por la vía rápida a la cúpula de los fiscales una vez abandonada la Fiscalía General, con una hoja de servicios repleta de emociones fuertes. Pero el intento de materialización de la cacicada provocó tal escándalo que se decidió guardar la propuesta en el cajón de asuntos turbios. Sin embargo, no ha necesitado recuperarlo para elevar a Delgado al trono de hierro de la Sala de lo Militar del Supremo. Ha sido suficiente que haya quedado una plaza vacante para que se le haya adjudicado a dedo sin ningún pudor, como si este país fuera una ilusión etílica de Sacha Baron Cohen. Vulnerando las mínimas reglas de mérito, justicia e incluso educación, como si las instituciones del Estado fueran la quincallería de su padre. Si ya fue especialmente indecoroso que Pedro Sánchez pusiera a su ministra de Justicia al frente de la Fiscalía General del Estado, el trabajo desplegado por ésta en la institución no ha mejorado la percepción inicial. Delgado se ha encargado de promocionar a sus compañeros de la Asociación Progresista de Fiscales –que apenas representa el 10% de la carrera– con prácticamente la totalidad de los ascensos que se han ejecutado mientras ella ha estado al mando. Especialmente polémico fue el nombramiento de Esteban Rincón como fiscal de sala de Menores, pasando por encima de José Miguel de la Rosa. Si el malestar en la carrera ya era evidente, los últimos acontecimientos han acabado por multiplicar la depresión y la decepción ante la magnitud de las cacicadas, que no se limitan ni mucho menos al ascenso de Delgado ni a sus nombramientos, sino que se han instalado ya como procedimiento. El propio fiscal general se ha encargado de añadir la guinda al desasosiego nombrando a Marta Durántez, una colaboradora suya en la Secretaría General de la Fiscalía General del Estado recién llegada de Galicia, como teniente fiscal (número dos) en la Audiencia Nacional, pasando por encima de algún profesional de reconocido prestigio como Miguel Ángel Carballo, que llevaba años demostrando su valía. El mensaje es claro: cualquiera que ose discrepar, aun con fundamentos jurídicos incuestionables, será purgado y sustituido por uno de los nuestros. Es el nuevo modelo de justicia de parte que se impone. Lo más triste, por intentar quitar dramatismo a un asunto de extrema gravedad, es que el Fiscal General, Álvaro García Ortíz, se presentó no hace mucho en la Comisión de Justicia del Parlamento y se comprometió a garantizar en la Fiscalía la transparencia y la independencia que la institución debe tener del propio Fiscal General. Y lo dijo sin ponerse colorado. Ahora se sabe que era un discurso vacuo para cubrir el expediente. El Gobierno está convencido de que la gente de la calle, la que vota, ni sabe ni le importa para qué sirve la Fiscalía y mucho menos de quién depende.

El ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala supone un dedazo histórico en la institución