Madrid intenta salvar ‘in extremis’ el megacontrato de la Ciudad de la Justicia
La Ciudad de la Justicia de Madrid, el mayor complejo de edificios públicos en licitación de España promovido por el Gobierno regional, atraviesa por dificultades después de que las autoridades concedentes tuviesen que ampliar de manera excepcional el plazo de presentación de ofertas ante el riesgo real de que el concurso quedase desierto. El plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado 3 de noviembre y antes de esa fecha la Consejería de Presidencia madrileña amplió el plazo hasta esta semana, el 10 de noviembre.
Ninguno de los consorcios que inicialmente se había interesado por este megacontrato de concesión se atrevió a pujar por las dudas sobre la rentabilidad de un proyecto que exige una inversión inicial, entre la fase de construcción y compra de equipos, de más de 500 millones de euros. El valor estimado del contrato durante todos los años se explotación asciende a 2.100 millones de euros.
Este año el contrato despertó el apetito de los grandes contratistas nacionales y algunos fondos de inversión especializados en la gestión privada de infraestructuras. En mayo ya estaban definidas algunas alianzas en las que figuraban los mayores grupos de construcción. Según las fuentes consultadas, Acciona y ACS sumaron fuerzas para este proyecto. Al igual que Sacyr y Ferrovial. Son las cuatro compañías más poderosas en el ámbito concesional español, con activos bajo gestión en el mercado nacional y el exterior que suman decenas de miles de millones de euros de inversión.
Otras grandes corporaciones del sector se pusieron a trabajar en el análisis del proyecto. FCC pretendía pujar por la concesión, al igual que OHLA, que sumó fuerzas con Azvi y un fondo de inversión para hacer frente al esfuerzo inversor inicial. Otras constructoras más pequeñas como Sanjosé, Comsa, Copasa, Aldesa y Puentes también lo intentaron, pero los riesgos del proyecto no encajaban en las proyecciones.
Madrid optó por una concesión a 40 años remunerada a través de un pago por disponibilidad anual de unos 49,3 millones de euros. En principio, la oferta ganadora será aquella que ofrezca un mayor descuento sobre el canon anual.
Según los cálculos realizados por los consorcios interesados, el Gobierno regional debería elevar la remuneración en torno a un 25% para alentar el interés de la empresas, con más aversión al riesgo desde el empeoramiento de las condiciones del mercado por el incremento de los costes de construcción, la escalada de la energía y los mayores riesgos financieros por el alza del precio del dinero.
Desindexación
Otro factor que ha jugado permanentemente en contra del proyecto son los límites a la rentabilidad de la ley de desindexación de la economía. Según las fuentes consultadas, el Gobierno regional y sus asesores, entre los que figura Deloitte, han pensado en una fórmula para esquivar parcialmente la norma, diferenciando el periodo estimado para la recuperación de la inversión y el resto del plazo concesional.
La Ciudad de la Justicia, que se situará en una parcela de más de 132.000 metros en el barrio de Valdebebas, (entre el Aeropuerto Adolfo Suárez y el recinto ferial Ifema) agrupará 28 edificios ahora distribuidos por la capital para convertirse en una referencia del mundo judicial en España.
Las estimaciones apuntan a que unas 31.000 personas podrán hacer uso a diario de estas instalaciones, convirtiéndose en centro de trabajo para los 5.000 funcionarios, 184 fiscales, 709 magistrados y 558 letrados de la administración de Justicia. Además, será un complejo colindante con el Hospital de Urgencias Isabel Zendal y el nuevo Intercambiador de Transportes (Metro, autobús y cercanías) que dará servicio a la Ciudad de la Justicia, el centro hospitalario y la zona residencial.